En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con 10 meses de suspensión al exsecretario de Seguridad y Justicia del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali (2021), Carlos Alberto Rojas Cruz, por su falta de gestión frente a las acciones que, en abril de 2021, durante el paro nacional, derivaron en afectaciones a los bienes públicos, el bloqueo de vías urbanas y rurales y distintos hechos de violencia.
El ente de control comprobó que “Rojas Cruz, a pesar de los bloqueos que se presentaron en varios lugares de la ciudad, no tomó medidas que permitieran levantarlos, como tampoco evidenció actuaciones de su parte frente a los incendios, accidentes de tránsito, auxilio a enfermos y lesionados, bloqueos y diferentes hechos de vandalización”.
Asimismo, se estableció que el funcionario presentó un resumen con las novedades del día a la gobernadora y al alcalde distrital de Santiago de Cali, mas no fue posible advertir gestión alguna de su parte durante los saqueos, las marchas y el bloqueo a una ambulancia que se dirigía de Palmira a Tuluá y cuyo paso no fue permitido por los manifestantes.
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Agregó la Procuraduría que “en los documentos suscritos durante las jornadas del paro no se identificaron estrategias por parte de la Secretaría, ni acciones o iniciativas para afrontar los bloqueos que de forma permanente alteraron las dinámicas ciudadanas”.
Para el Ministerio Público, Rojas Cruz “lejos de tomar decisiones contundentes frente a la grave situación de orden público que vivía la sociedad caleña, y a pesar de las indicaciones de su jefe inmediato, el alcalde municipal (…), únicamente se dedicó a asistir y convocar al Puesto de Mando Unificado presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos de vandálicos que se agravaban diariamente luego del paro del 28 de abril de 2021”.
Se le reprochó igualmente al servidor que no brindó a la ciudadanía el apoyo de seguridad requerido y, por el contrario, permitió la protesta violenta, los actos severos de vandalismo contra la propiedad pública y privada, el desabastecimiento de alimentos y de combustible.
Finalmente, la entidad cuestionó su actuación negligente y la falta de acciones propias de su cargo: coordinar estrategias, adelantar labores de inteligencia, elaborar un estudio de los lugares de riesgo, con lo que incurrió en el incumplimiento de sus funciones.