Se anunció también que el próximo mes entregarán al presidente Duque un reporte con las acciones realizadas

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Ante el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales en varias regiones del país el Gobierno nacional tomó la determinación a partir de este mes de revisar la política integral de protección a estas personas, una solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación desde agosto pasado, pero que ante la gravedad de la situación que se vive, pues siete de estas han sido asesinadas en lo corrido de este año, decidió empezar desde ya.

El anuncio se hizo ayer tras una reunión preparatoria en el Ministerio del Interior de la Comisión Nacional de Garantías, liderada por la ministra del ramo, Nancy Patricia Gutiérrez, a la que asistieron el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, y representantes de plataformas de derechos humanos, con el fin de armonizar acciones que eviten las amenazas y ataques a líderes y defensores de derechos humanos en el territorio.

La ministra Gutiérrez explicó que “básicamente es la preocupación del Estado por el fenómeno de ataques, violación a los derechos humanos de los líderes sociales. Es una preocupación del Estado y estamos por lo tanto generando toda una armonización de acciones a fin de poder dar resultados concretos en el territorio”.

Añadió que “en el mes de enero arrancaría el trabajo para la formulación de la política integral, la revisión de toda la política integral de protección a líderes, solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación desde cuando se firmó el pacto de Apartadó y ya hay un cronograma de trabajo a partir de la próxima semana. De igual manera que antes de terminar el mes de enero se harían las visitas al territorio, se empezaron en el mes de diciembre”.

Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Catatumbo serán las regiones con las que inicia el cronograma de enero para evaluar en terreno las situaciones concretas de seguridad, para defensores de derechos humanos y líderes sociales en general que promueven la restitución de tierras, están favor del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, en contra de la minería así como integrantes de juntas de acción comunal.

La Ministra del Interior dijo que “la próxima semana estaremos en el Bajo Cauca antioqueño para continuar las acciones que ya han tenido lugar en departamentos como Nariño y Norte de Santander y mejorar la articulación del Estado y las entidades territoriales para proteger a nuestros líderes”.

Añadió que “desde la primera sesión del Plan de Acción Oportuna (PAO) acordamos que la Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno trabajarían de la mano con ONU en Colombia para revisar el registro de asesinatos de líderes. Ya estamos en ello”.

Precisamente en dicho encuentro preparatorio de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se dio un informe de todas las acciones que se han hecho desde el PAO, cuya primera reunión se llevó a cabo el 20 de diciembre.

Finalmente, la ministra Gutiérrez anunció que “esperamos a comienzos del mes de febrero entregarle al presidente Iván Duque un reporte de todas las acciones realizadas y lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”.

Informe

En la reunión preparatoria de la Comisión Nacional de Garantías el fiscal general, Néstor Martínez, presentó un informe que registra 231 asesinatos de líderes sociales desde 2016 y con corte al 31 de diciembre de 2018, cifra certificada por las Naciones Unidas.

El estudio indica un avance del 54,55% en el esclarecimiento de los homicidios y aún se encuentran 50 asesinatos en fase de verificación de las Naciones Unidas. Añade que hay 126 investigaciones en curso, con 294 personas vinculadas y 189 personas capturadas o privadas de la libertad.

El 85% de los casos con 197 víctimas fueron hombres, 28 mujeres y seis integrantes de la comunidad LGBT.

Agrega el informe de la Fiscalía que el 37% de las víctimas eran miembros de juntas de acción comunal, mientras que líderes comunitarios corresponden al 24%, indígenas 13% y campesinos el 10%; también hay líderes sindicales, políticos, de organizaciones de víctimas, de afrodescendiente y de población LGBT.

Antioquia es el departamento más afectado por crímenes de líderes sociales con el 16% de los casos, seguido por Cauca con el 13%, Norte de Santander con el 11%, Valle del Cauca con el 6% y Nariño con el 5%.

El 67% de los casos se registra en zonas rurales y los municipios con el mayor número de asesinatos son Tumaco en Nariño, Cúcuta y Tibú en Norte de Santander, Corinto en Cauca y ciudades capitales como, Medellín y Bogotá.

La Fiscalía llama la atención en el reporte que de los 86 homicidios ocurridos en 2018, 50 ocurrieron en 37 municipios donde no se había presentado un asesinato a líderes sociales.

De los casos que ya fueron esclarecidos el estudio determina que en el 35% de los casos particulares son los responsables sin vínculos con una organización criminal determinada. El 25% son bandas de delincuencia común, el 10% de los casos el Clan del Golfo, el 9% disidencias de las Farc y el 7% el Eln.

Sin embargo, de los 126 homicidios esclarecidos, se identificaron autores intelectuales en 31 de los casos correspondientes al 24,6%, donde el Clan del Golfo es el principal autor, seguidos de la guerrilla del Eln y las bandas criminales.

Sistematicidad

El fiscal Martínez indicó sobre el informe que presentó ayer que “en un 65% de los casos los homicidios se deben a organizaciones criminales... tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”.

Añadió que “en segundo lugar hay una sistematicidad pasiva desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas”, teniendo en cuenta que el 37% corresponde a miembros de las juntas de acción comunal y un 24% son líderes comunicativos.

No obstante, el Fiscal General indicó que la situación que se presenta no es “como el que existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”.