La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que iniciará una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas que inició la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS Sánitas y Nueva EPS, para garantizar que no se afecte el servicio que estas vienen prestando a sus millones de afiliados.
En declaraciones a los medios de comunicación, la jefe del Ministerio Público aseguró que su equipo está analizando con lupa los argumentos esgrimidos por la Supersalud para justificar estas decisiones y si estos son suficientemente razonables y proporcionales para darle cabida a una disposición de la envergadura que tiene la intervención forzosa.
Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp
También reveló que, a raíz de una queja disciplinaria presentada por la empresa Keralty, dueña de Sanitas, se estudia la pertinencia de abrir investigación disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas inconsistencias en los argumentos que motivaron la intervención.
Finalmente, la Procuradora anunció la creación de una red nacional del Ministerio Público, conformada por procuradores judiciales, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar en todo el territorio nacional el correcto manejo presupuestal, logístico y la calidad en la atención en salud a los millones de afiliados de las EPS intervenidas.
Sobre la queja
La Procuradora General, Margarita Cabello, confirmó que la empresa Sanitas presentó una queja disciplinaria contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Sanitas cuestiona la intervención forzada que enfrenta y considera que el procedimiento no se ajustó a la ley, lo que podría implicar faltas disciplinarias por parte del superintendente.
Cabello señaló que es responsabilidad de la entidad garantizar que las intervenciones forzadas estén respaldadas por principios de razonabilidad y proporcionalidad, y se realizará una vigilancia preventiva para evaluar si estos principios se cumplieron en este caso. Este incidente destaca la importancia de asegurar la legalidad y transparencia en los procesos de intervención forzada en el sector salud.