Una de las principales razones por la escasez en el abastecimiento del agua en cientos de barrios de Santa Marta son las tomas fraudulentas instaladas en las tuberías de distribución para desviar el líquido y después venderlo a la misma población. Detrás de esta actividad estaría un cartel, como lo han llamado las autoridades. Sin embargo la noticia ayer es que un juez impuso medida de aseguramiento, no privativa de libertad, contra dos personas a quienes la Fiscalía señaló como responsables de este ilícito.

Son las primeras medidas que toma la justicia contra el ‘Cartel del Agua’ en Santa Marta y se anunció que en los próximos días serán vinculados más responsables a esta investigación.

Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad; y de Germán David Paredes Duarte de 60, representante de la empresa H2O La Roca, quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que, según la denuncia conocida por la Fiscalía, dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44.000 habitantes de la ciudad que sí pagan el servicio, entre ellos, los residentes en la Vereda Puerto Mosquitos. Además, generó una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).

Las acciones de la Policía Judicial adelantadas por investigadores de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional permitieron ubicar, el 8 de octubre pasado, dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquitos desde donde se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa Essmar.

En el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua que era comercializada sin permiso de la autoridad competente. En el segundo predio los investigadores encontraron dos válvulas que estaban conectadas al tubo de Essmar, las cuales fueron selladas para evitar su uso. Los elementos utilizados por los capturados fueron incautados por las autoridades.

Con el material probatorio recaudado, el fiscal del caso imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según su responsabilidad.

Una vez cumplidas las audiencias concentradas el juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que portar brazaletes electrónicos suministrados por el Inpec y cumplir con la obligación de presentarse, cada 15 días, a la estación de policía de Mamatoco (Magdalena). Castro y Paredes, además, no podrán visitar los inmuebles allanados, y deberán mantener buena conducta.

Pérdidas

El gerente de Essmar, José Rodrigo Dajud, dijo que por culpa de las conexiones ilegales de agua se pierden $2.500 millones anuales y se afectan aproximadamente  22.000 habitantes.

Dajud señaló que “las investigaciones siguen porque hay otras personas involucradas y en los próximos días daremos a conocer a particulares que están utilizando estas prácticas y empresas que se están viendo involucradas”.

El funcionario explicó que por esta actividad ilegal se están perdiendo alrededor de 300 litros de agua por segundo, “que si logramos recuperar mejoraremos la distribución de agua en la ciudad”.

Por su parte el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, dijo que “las pérdidas de agua alcanzan el 71,5% en la capital del Magdalena. Con este operativo estamos recuperando un caudal promedio de 80 litros por segundo que mejorará la continuidad del servicio a 14 mil familias de la ciudad”.

En julio pasado el Ministro de Vivienda hizo un llamado urgente para desmantelar el ‘Cartel del Agua’ en Santa Marta. “No vamos a parar hasta desmantelar todas las bandas y mafias involucradas en esta captación ilegal y hasta que le podamos devolver el agua a Santa Marta. Estos son los primeros judicializados de la denuncia que hicimos desde el Ministerio de Vivienda, en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Continuaremos trabajando hasta blindar las líneas de distribución del servicio”, dijo.

Por su parte el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, reconoció la “decidida acción” del fiscal (e) Fabio Espitia Garzón “para enfrentar el fraude a fluido extendido por toda la ciudad. Esperamos seguir contando con su apoyo, ya que esto nos ayuda con el plan de gestión de pérdida”.