La apertura de un macrocaso que cierre la puerta a la amnistía por casos de terrorismo y permita el juzgamiento de la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado y que estaban prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), le solicitó la Procuraduría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En comunicación al presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, Óscar Javier Parra, la Procuraduría recordó que la selección y priorización de nuevos casos debe estar dirigida, ente otras, a la “satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad”.

La Procuraduría respaldó así la petición presentada por Bertha Lucía Fries, en representación de las víctimas del atentado al Club El Nogal, para que “se avoque conocimiento de un caso temático dirigido al esclarecimiento de los hechos más graves y representativos, materializados en el uso de medios y métodos ilícitos durante el conflicto armado interno y que probablemente hayan constituido crímenes de guerra”.

Según la Procuraduría, a lo largo del conflicto armado ocurrieron violaciones al DIH como el empleo ilegítimo de minas antipersonal, artefactos explosivos artesanales, explosivos camuflados en carros, canecas y animales y ataques indiscriminados contra poblaciones violando los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad.

A modo de ejemplo, para ser incluidos en este macrocaso, la Procuraduría recordó los carros bomba contra la sede del Gaula de la Policía de Medellín, el 30 de julio de 1999; contra el Centro Comercial El Cid de Medellín, el 16 de enero de 2003; el Club El Nogal, el 7 de febrero de 2003, el del barrio Marroquín de Cali, el 6 de julio de 2004; el atentado contra las instalaciones de Caracol Radio, el 12 de agosto de 2010; el estallido de una chiva cargada con explosivos en Toribío, Cauca, el 9 de julio de 2011; o la utilización de un juguete cargado de explosivos para atentar contra la estación de policía de La Hormiga, Putumayo, el 29 de mayo de 2013.

Recomendó incluir las 309 tomas y ataques guerrilleros perpetrados por las Farc y documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre ellas las tomas de Las Delicias (Putumayo), Patascoy (Nariño), Caloto (Cauca), El Billar (Caquetá) y Miraflores (Guaviare).

“Resulta evidente que, además de la gravedad y representatividad de estos hechos, se trata de casos que no son susceptibles de recibir los beneficios estipulados en la Ley 1820 de 2016, por tratarse de graves crímenes de guerra”, puntualizó la Procuraduría.

En palabras del viceprocurador Juan Carlos Cortés González, “la paz implicará siempre verdad como responsabilidad, tanto individual como colectiva. Y en Colombia hay una institucionalidad de la justicia para que podamos hacer viable esa paz individual y esa paz social, a través de la verdad y la reparación”.

Según el funcionario “este fue un conflicto nacional y esto nos obliga de ver las violencias que afectaron nuestra patria de manera integral y esto nos obliga a ser conscientes de que, aunque los hechos victimizantes pudieran ser diferentes los daños causados son equivalentes y el sufrimiento de las víctimas debe conmovernos por igual. Porque ante hechos atroces cualquier estándar se torna en un instrumento de medición insuficiente un instrumento sin capacidad explicativa. Estas conductas resultaron un despropósito en las acciones del conflicto armado”.

De otra parte, el procurador Fernando Carrillo le hizo un llamado a la JEP para que no permitiera que se convirtiera en burladero de carteles de corrupción.

“La JEP no puede convertirse en un escampadero de corruptos”, puntualizó Carrillo, quien agregó que las puertas de la justicia transicional “no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad y pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto”.