Luego de que el concejal de Bogotá, Julio César Acosta, demostrara que un empresario lleva 23 años haciéndole ‘conejo’ al Distrito para no devolver los parqueaderos norte y sur del estadio El Campín, la personera de Bogotá, Carmen Castañeda, solicitó al Consejo de Justicia Distrital dar prioridad y celeridad al expediente por ocupación irregular del espacio público en los parqueaderos sur y norte de la Unidad Deportiva de El Campín.

Y es que aunque en 1994 se declaró la caducidad del contrato por incumplimiento, hasta el pasado 5 de julio hubo una nueva resolución para que el predio fuera devuelto, pero el presunto contraventor apeló nuevamente, y la entrega sigue en veremos.

En su solicitud, la jefa del Ministerio Público Distrital exigió que se evalúen las condiciones especiales del caso y se autorice el adelanto del turno del expediente para su estudio, con el fin de acelerar la decisión definitiva del importante bien.

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Pronunciamiento

Luego de la decisión de primera instancia que demoró seis años, la Alcaldía local radicó el expediente el 21 de agosto del presente año, en el Consejo de Justicia Distrital para el pronunciamiento de segunda instancia.

La querella fue iniciada en la Alcaldía local de Teusaquillo en 2012, por una contravención a las normas que regulan el espacio público. El fallo de primera instancia declaró contraventor de las normas al ocupante irregular del terreno.

“Esto podría denominarse el carrusel de la desidia, pues ni la Alcaldía local de Teusaquillo ni el Consejo de Justicia de Bogotá, han podido ejercer una acción contundente para recuperar los predios. Parece una novela, una historia de ficción, un capítulo macondiano. ¿Cómo un hombre que ni siquiera era el contratista, sigue usufructuando los bienes públicos sin que pase absolutamente nada?”, denunció el concejal Acosta.

Para completar, el contratista inicial, que era Miguel Moreno Ramos, le cedió la tenencia de los parqueaderos al empresario Bruno Acero, y lo hizo, después de haberse declarado la caducidad del contrato. Por tanto, es este último quien se encuentra involucrado actualmente en el caso.

El proceso comenzó en 1995, tiempo en que los organismos competentes se han lanzado la pelota entre ellos. El caso se ha paseado entre la Alcaldía de Teusaquillo, la Alcaldía de los Mártires y el Consejo de Justicia. Y mientras los expedientes circulan como ‘papa caliente’, sigue aumentando la cuenta del dinero que ha dejado de recibir el Distrito. “Si nos acogemos al monto inicial del contrato, uno diría que son 690 millones, pero como el costo de vida sube cada año y, de la mano, el canon de arrendamiento, ya iríamos en una suma cercana a los 12 mil millones de pesos”, afirmó el concejal Acosta.

Desde 1995, en tres ocasiones, se le ha ordenado al señor Acero, devolver los parqueaderos al Distrito, pero, sorprendentemente, el particular ha encontrado mecanismos para hacer caso omiso a esta orden, incluso llegó a pedir indemnización para conciliar la entrega. “Yo exijo que revisemos dónde está el talón de Aquiles de este caso. Acá ha habido muchas fallas, que le han permitido a Bruno Felipe Acero burlarse de todos los bogotanos que pagamos impuestos honestamente. Con el dinero que se ha dejado de recaudar, podríamos haber reparado muchas ciclorrutas que se encuentran en mal estado, por poner solo un ejemplo”, explicó el concejal de Cambio Radical.

Los parqueaderos de El Campín tienen capacidad para albergar hasta 2500 vehículos; por cada carro se paga una tarifa de 12 mil pesos. Es decir, en un fin de semana de un clásico, o en dos fechas normales de fútbol, prácticamente se recauda el valor anual que estaba estipulado como pago al Distrito por el arriendo de los parqueaderos: 30 millones de pesos.

Hasta el momento, el empresario Acero sigue administrando los predios, sin pagarle un solo peso al IDRD y sin que se haya determinado responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría, que lo obligue a compensar al Distrito por el tiempo en que ha obtenido provecho de un bien público.