Nueve concejales de Bogotá le solicitaron a la Administración Distrital de Claudia López que modifique el Proyecto de Acuerdo 163 de 2022, “por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.
El Cabildo Distrital (como todos los concejos municipales) es el órgano que debe decidir si Bogotá entra o no a hacer parte de este proyecto de integración, así como lo hizo el pasado 2 de junio la Asamblea de Cundinamarca, ente que aprobó la ordenanza mediante la cual se autorizó el ingreso del departamento a la Región.
El proyecto de acuerdo fue radicado por la Secretaría de Gobierno el 28 de marzo, solo para que fuera retirado por la misma entidad exactamente un mes después, el 27 de abril, aduciendo la subsistencia de “diferencias de interpretación del reglamento interno del Concejo y que ha dificultado este trámite”. Esta controversia, vale referirlo, estuvo relacionada con la comisión en la que debería radicarse, la de Gobierno o la del Plan.
Aunque a comienzos de junio la alcaldesa Claudia López notificó que lo volvería a radicar por la comisión de Gobierno en el mes de agosto, un nuevo componente entró a la ecuación: pasadas las elecciones parlamentarias y presidenciales, nueve de los concejales que ya habían manifestado reparos frente al contenido de la Ley que le da vida a la Región Metropolitana radicaron una carta a la Administración Distrital en la que invitaron a repensar este proyecto.
La propuesta de los firmantes
No obstante, es claro que la Alcaldía no puede hacer nada frente a una ley ya sancionada, y que además tiene la obligación legal de darle trámite (no puede no radicarlo), por lo que “este es más un mensaje político. Este es un Frankenstein”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal que lideró esta iniciativa, Diego Cancino (Alianza Verde).
La misiva, por su parte, alude lo siguiente: “Invitamos a la Administración Distrital a construir un nuevo Proyecto de Acuerdo, cuyo propósito fundamental sea el diseño de un esquema abierto de toma de decisiones, para que el papel de Bogotá en la Región esté basado en el diálogo y en la participación vinculante de los diversos actores. Esto quiere decir: construir un nuevo proyecto de acuerdo que establezca las condiciones necesarias para que las acciones de Bogotá en la Región se formulen a partir de la deliberación y del consenso de amplios sectores sociales”.
El temor de los firmantes es que el proyecto de Acuerdo no solo busca aprobar el ingreso de Bogotá a la Región, sino que también pretende otorgar facultades extraordinarias al alcalde de turno para “emprender las acciones administrativas y jurídicas y los traslados y los aportes presupuestales necesarios para materializar” este ingreso.
Señala que “un Acuerdo Distrital que le dé estas facultades extraordinarias a la Alcaldesa profundiza el esquema cerrado de toma de decisiones sobre la Región Metropolitana, el cual, como señalamos, es contraproducente para las necesidades de la región”. Y añade en su último párrafo que Bogotá “debe proponerle a la región un diseño innovador de gobernanza colaborativa que le apunte definitivamente a la construcción de una visión compartida de Región Metropolitana”.
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Los riesgos a los que se atiene Bogotá
Ahora bien, esta solicitud hecha a la Administración Distrital, ¿a qué apunta? Sin respuesta aún por parte del Palacio Liévano, esta carta busca llamar la atención sobre una serie de errores contemplados en la Ley.
El primero de ellos es el riesgo de que se intensifique la aglomeración urbana, la inequidad entre el mundo urbano y el mundo rural, y de subordinar los municipios del departamento al desarrollo de una gran ciudad aglomerada que se expande hacia afuera.
Otro riesgo es que se le dé la espalda a los retos que impone el cambio climático. Asimismo, se señala que la ley intensifica la lógica de los intereses privados y los intereses inmobiliarios, deja la puerta abierta para profundizar el volteo de tierras en varios municipios y no toca a la Corporación Autónoma Regional (CAR), “una institución clave para el ordenamiento ambiental de la región y que en la actualidad supedita el cuidado del medio ambiente a los intereses particulares, de grandes tenedores de tierras y grandes desarrolladores inmobiliarios”, de acuerdo con la misiva.
La intención de fondo
Este fue un llamado de atención que compartieron otros concejales que, por su parte, apuntan a que el nuevo Congreso, que está por instalarse, revise con lupa esta ley de Región Metropolitana.
“Yo acompaño a Diego Cancino en la firma de esa carta, que alude al proyecto de Acuerdo que solo establece si Bogotá debe o no hacer parte de la Región Metropolitana de la Sabana, pero las consideraciones que tenemos alrededor de este proyecto son de fondo. Hay que cambiar no solamente la ley sino la Constitución que cambió Juanita Goebertus. Eso está muy mal hecho”, comenzó por explicar otro de los concejales firmantes, Carlos Carrillo.
Advirtió que, precisamente por ello, la solicitud contemplada en la carta es “más una declaratoria simbólica y un llamado a que tanto Claudia López como el nuevo Gobierno nacional lleguen a unos acuerdos al respecto”.
No obstante, precisó que lo único que ve posible “es que ese acuerdo nunca se presente o que el Concejo de Bogotá lo niegue. El llamado de atención que estamos haciendo es a que en últimas eso se haga bien. Acompañaré los esfuerzos que se hagan para que la asociatividad se haga bien. No estamos en contra de la asociatividad sino en contra de esa asociatividad hecha por Probogotá”, concluyó el concejal Carrillo.
Con relación a este hecho de ir más allá y de pensar no solo la forma en la que Bogotá debe decir si entra o no a la Región Metropolitana, sino de qué tan conveniente es esta ley para la capital y su región circundante, la concejal Susana Muhamad, otra de las firmantes de esta misiva, dijo: “Estamos pidiéndole a la alcaldesa Claudia López que no radique el proyecto nuevamente y ya le hicimos una solicitud para que amplifiquemos, con el nuevo Congreso, la perspectiva de esa Región Metropolitana”.
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Lo que contempla la Región Metropolitana
La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es un modelo asociativo consagrado en el Artículo 325 de la Constitución Política, que busca integrar al Distrito Capital con los municipios de Cundinamarca y con su Gobernación.
De hecho, que la ciudad capital se inscribiera en un proyecto integracional de este tipo fue una de las metas que se trazaron las bancadas de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá y los siete parlamentarios por Cundinamarca en el Congreso 2018-2022, legislativo que está a menos de un mes de renovarse.
Entre debates, voces a favor y voces de protesta, como suelen presentarse en el foro público, este proyecto de integración regional logró materializarse luego de que se adelantara una reforma constitucional y posteriormente un proyecto de ley que fue sancionado por el Presidente de la República el 25 de febrero de este año.
Entre otros aspectos, y solo por poner un par de ejemplos de lo que se persigue con esta herramienta, la Región incorpora en su esencia un órgano máximo de gobierno en el que tienen participación igualitaria los municipios que la conforman para tomar decisiones articuladas, respetando la autonomía regional.
Así mismo, contempla una autoridad única de transporte a través de la Agencia Regional de Transporte, que integre las visiones de protección de activos ambientales regionales como los cerros y los páramos, y un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia regional que ejecutará operativos conjuntos.