El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, presentó los resultados preliminares del análisis del órgano de control sobre las finanzas de 22 EPS, en las que destacó que los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las Entidades Promotoras de Salud, y a las IPS se vienen realizando con regularidad por lo que “no hay riesgo de iliquidez del sistema”.

"En información preliminar, durante estas tres semanas hemos podido trabajar desde la Contraloría para hacer un análisis de las deudas del sector de la salud, para revisar qué  irregularidades pueden estarse ocasionando con la administración de los recursos de la UPC", indicó el funcionario. 

Zuluaga señaló que uno de los temas que más sigue preocupando a los usuarios es la diferencia que hay entre el Gobierno y las Entidades Promotoras de Salud, en las cifras de cartera. 

En ese sentido, señaló que "la Adres tiene hoy una deuda con el sistema de giros de la UPC por valor de $13 billones y ha girado a octubre 31  un promedio de $64 billones; es decir, los giros de la UPC se viene realizando con regularidad por parte de la Adres a las EPS Y IPS (...) de tal manera que no hay riesgo de iliquidez del sistema"

Por lo que aseguró que "bajo el modelo jurídicamente vigente no existe hoy ninguna posibilidad de que las EPS  nieguen la prestación del servicio de salud, la atención, y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos afiliados que se encuentran hoy amparados por el régimen de salud". 

Inconformidades de usuarios de las EPS

realizó un estudio que analizó el tema de las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, en el periodo 2018-2022. 

Puntualmente, a través de la Dirección de Estudios Sectoriales de esta delegada, se evaluó la gestión de 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado (de las cuales 5 EPS son indígenas), frente a la prestación de servicios de salud para los años señalados.

Paro esto, inicialmente se analizaron las inconformidades de los ciudadanos con la atención en salud que fueron reportadas ante la Superintendencia Nacional de Salud en estos 5 años.

En total, en este periodo dicha entidad recibió 4.436.032 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), de las cuales 1.690.128 (el 38%) fueron por “riesgo de vida”, es decir que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata. 

Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.

Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud. Y el dato que se consolidó es que durante los años 2018-2021, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5% promedio anual.

Los motivos contenidos en las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el mayor porcentaje (62,6%) fueron por deficiencias en la atención, correspondientes principalmente a servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades. La segunda causa fue el acceso a medicamentos con el 14,7%.