La explotación ilegal de minerales deja un promedio de 500 hectáreas de bosques primarios y de selva virgen destruidas cada 24 horas, además de la contaminación de ríos y quebradas. Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO habló con el coronel William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, quien afirmó que la actividad criminal de la minería ilegal en Colombia habría generado a los grupos armados al margen de la ley ganancias superiores a los US$3 479 millones en los últimos tres años.
Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la misma Policía consignan que la minería ilegal que promueven hoy las disidencias de las Farc, el ELN, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’ y otros grupos considerados como redes multicrimen, explotan oro, coltán, platino y hasta uranio. Debido a los altos precios internacionales se dedican casi exclusivamente a la explotación ilegal de oro, coltán y carbón.
De acuerdo con las mismas fuentes, estas actividades criminales hacen presencia en por lo menos 12 regiones del país, que incluyen a los departamentos del Caquetá, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Vichada, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía, Cauca, Amazonas, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Chocó.
“La minería ilegal que promueven los grupos armados en el país es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y en especial la salud de los colombianos, por la depredación de selvas, bosques y contaminación de ríos con cianuro, mercurio y combustibles”, sostuvieron los servicios de inteligencia.
El coronel William Castaño Ramos en su diálogo con EL NUEVO SIGLO precisó que la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ha desplegado en todo el territorio nacional la Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilícita, bajo un enfoque investigativo y operacional contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, que se suma a la estrategia integral de protección al capital natural, aportando significativamente a la conservación y preservación del capital natural y la seguridad humana.
Minerales explotados en el país
El coronel Castaño precisó que existen distintos minerales explotados en el país, tanto de manera lícita como ilícita.
“Es allí donde la Policía enfoca el despliegue operacional, específicamente en el Bajo Cauca, Sur de Bolívar y sur de Córdoba, norte de Santander, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca, Pacífico nariñense, Amazonía y Orinoquía, departamentos afectados por explotación ilícita principalmente aurífera, que causa deforestación, grave daño a los componentes ambientales, contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos”, enfatizó.
La situación se agudiza porque cerca de 80 afluentes hídricos en Colombia habrían sido o estarían siendo afectados por la explotación ilícita. Por ejemplo, en zonas donde existe presencia de grupos multicrimen habría una afectación directa, situación que el coronel señala como sumamente peligrosa pues las principales causas de contaminación provendrían del vertimiento de sustancias químicas como el mercurio, cianuro y combustibles.
“Pero no solo la contaminación es uno de los efectos, encontramos que la deforestación es otro de los motores para esta práctica ilícita, convirtiéndose en un desafío teniendo en cuenta que por esta actividad se ha generado devastación de bosques. Las personas que realizan esta actividad ilegal no determinan un plan de manejo ambiental que conduzca a la reforestación, solo es de su interés obtener ganancias a costa del impacto generado”, indicó.
Agregó que “no solamente es oro lo que se explota de manera ilícita, también encontramos que los grupos criminales se lucran de otros minerales como el carbón, con ocasión de los altos precios internacionales que hoy registra. El material de arrastre también genera afectación ambiental por la desviación del cauce de los ríos, diversificando su actividad ilícita”.
Un golpe a las organizaciones criminales
Asimismo, sostuvo que desde la institución trabajan para evitar el crecimiento del fenómeno. “La explotación ilícita de yacimientos mineros se ha constituido en una prioridad para el Gobierno nacional, debido a la afectación que esta actividad genera sobre el ambiente, la economía del país y el surgimiento de actores criminales y particulares”, afirmó.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares y la Policía revelaron que desde el 1° de enero del 2020 y hasta la fecha han sido intervenidas 11 978 minas, logrando la captura de 5342 personas que quedaron a disposición de las autoridades competentes. También fueron incautadas 1124 máquinas amarillas, entre ellas retroexcavadoras, excavadoras y buldóceres.
De igual manera, sostuvieron que han sido decomisadas otras 2731 dragas entre tipo dragón y tipo buzo, clasificadoras, mezcladoras y trituradoras, también empleadas en la explotación ilícita de oro y carbón.
“Es importante indicar que desde agosto del 2022 y hasta la fecha hemos intervenido 2516 minas de todo tipo, logrando 490 capturas de personas en el año 2023 por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, reveló el director a EL NUEVO SIGLO.
Aclaró que entre la maquinaria empleada para esta actividad al margen de la ley han sido destruidas desde agosto del año pasado a la fecha 126 retroexcavadoras y 281 dragas.
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Asimismo, insistió en que los grupos multicrimen vienen diversificando el financiamiento de sus actividades ilícitas, encontrando en la explotación ilícita de yacimientos mineros una fuente de ingresos robusta fundamentada en los precios internacionales del oro.
En cifras históricas, en el 2019 el precio de la economía criminal aproximado fue de US$840,5 millones, para el 2020 el precio fue de US$1201 millones y en el 2021 fue de US$1438 millones, para un total de US$3479 millones aproximadamente, que habría generado la extracción ilícita de minerales durante tres años.
El oficial denunció que estas cantidades significativas representan una afectación a la economía nacional, pues el impacto negativo de la extracción ilícita de yacimientos mineros se logra evidenciar con la ausencia de contribuciones fiscales de impuestos y regalías, falta de generación de empleo y la perspectiva negativa generando encadenamientos productivos, inversión social y ambiental.
“En nuestras actividades de investigación criminal e inteligencia hemos podido identificar una serie de delitos conexos, como son el desplazamiento forzado, la extorsión, homicidio por venganazas o ajustes de cuentas, y la aparición de fenómenos a nivel local como la deserción escolar, violencia doméstica, incremento en el consumo de alcohol entre otros”, afirmó.
Entre los logros de la Seccional de Investigación Criminal Dicar, el director destacó que para la vigencia 2022, logró la desarticulación de cuatro estructuras criminales mediante la captura de 26 personas. Y en el transcurso de 2023 se han desarticulado otras cuatro estructuras criminales con 29 capturas, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo y concierto para delinquir, procesos investigativos priorizados en la Planeación Conjunta Operacional POC 2023.
“Con esta coordinación interinstitucional se afectan las finanzas criminales de los grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental y concierto para delinquir, usando sociedades mineras como fachada para perturbar un título minero legal”, explicó.
Una vez identificados los bienes de los responsables de la afectación del medio ambiente y los predios utilizados para la comisión de este delito, se procede a la aplicación de la Ley de Extinción de Derecho de Dominio.
“El despliegue de esta estrategia es liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) y se ha desarrollado de manera frontal con las diferentes especialidades de la institución, realizando operaciones en todo el territorio colombiano donde se acrecienta este fenómeno, que menoscaba y degenera la oferta ambiental, corazón de la subsistencia de la comunidad”, concluyó el director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, coronel William Castaño Ramos.