Una masacre indígena o un atentado. Estas son las principales hipótesis que se manejan sobre la explosión en un resguardo indígena en el corregimiento de Juntas, zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, que dejó ocho personas muertas y cuatro heridos. 

Hasta el momento las autoridades siguen investigando cuáles fueron las causas de esta tragedia, pero no hay ninguna clara.  

Según dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el lugar había explosivos de alto poder detonante y que podrían serían usados para algún atentado.

“Presumiblemente era para generar un atentado. Esa es la hipótesis más probable y había consideración que están cerca de la carretera Buga- Buenaventura”, dijo Botero a Blu Radio.

De acuerdo con el ministerio, los cabildantes "no permitieron realizar la exploración técnica por lo que no fue posible recolectar pruebas y los investigadores tuvieron que abandonar el resguardo indígena. Como hipótesis inicial, se maneja una eventual manipulación no adecuada de explosivos, aparentemente pólvora negra".

Pero esta versión fue desmentida por las organizaciones indígenas del suroccidente colombiano, quienes denunciaron que se trató de una masacre.

En un comunicado señalan que las víctimas estaban encargadas de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelantará el próximo domingo en el corregimiento de La Delfina, municipio de Buenaventura, pero que por lo pequeño del espacio para atender a más de cinco mil miembros de estas comunidades se buscó otro espacio como el sector de Juntas, donde ocurrió la tragedia.

La minga explicó que la comisión de derechos humanos de ORIVAC, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están haciendo el trabajo de verificación para identificar los cuerpos y determinar los daños materiales.

"Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos