La Superintendencia de Salud, representada por Luis Carlos Leal, refutó las acusaciones de Keralty sobre cifras falsas en la intervención de Sanitas EPS, reafirmando la legalidad y sustento jurídico de sus acciones.
La Superintendencia Nacional de Salud se enfrenta a acusaciones por parte del grupo Keralty, propietario de Sanitas EPS, en medio de una denuncia por supuesto prevaricato relacionado con la intervención de la EPS. El abogado del grupo, Juan David Riveros, afirma que las cifras presentadas por la entidad son falsas, lo que llevó a una investigación por parte de la Procuraduría General.
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En respuesta a estas alegaciones, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, defendió la actuación de la SuperSalud, destacando que todas las cifras utilizadas fueron verificadas a partir de la documentación entregada por Sanitas como entidad vigilada y de las auditorías realizadas por la Superintendencia.
Leal enfatizó: "Desconozco cuáles son las cifras que ellos manifiestan que son falsas porque todas son comprobadas por los documentos que ellos mismos nos entregan como entes vigilados y por las auditorías que realiza la Superintendencia y ninguna de las que se ha dado dentro de los autos que dan paso a este acto administrativo son falsas”
Asimismo, el superintendente reiteró que la SuperSalud actuó conforme a las leyes vigentes y cuenta con el respaldo jurídico necesario para las intervenciones realizadas en Sanitas, Nueva EPS y SOS. Además, aclaró que no ha sido notificado de ninguna investigación en su contra por parte de la Procuraduría y que responderá a cualquier requerimiento legal de manera oportuna.
En cuanto a las acusaciones de prevaricato y supuestas irregularidades en la motivación de la intervención de Sanitas, Leal afirmó: "“no hay ningún tipo de impedimento cuando la Corte Constitucional ha manifestado que se debe proteger la opinión, en particular de actores políticos (...) era una opinión en contra de la intermediación financiera".
Por último, la SuperSalud reafirmó que las cifras utilizadas en sus decisiones son verídicas y respaldadas por la documentación entregada, rechazando categóricamente las afirmaciones de Keralty sobre datos falsos en sus informes.