En Colombia 64 de los 102 pueblos indígenas que existen se encuentran en riesgo de extinción física, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
A pesar de que se reconoce como un país multiétnico, que vela por la protección de su diversidad cultural -sobre el papel de la Constitución de 1991-, la Corte Constitucional identificó a 36 pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio como consecuencia del conflicto armado interno que inició hace 60 años.
Entre las modalidades más comunes de intimidación y agresión están los asesinatos contra líderes sociales, desplazamiento forzado, violencia sexual, masacres, combates dentro y cerca de los resguardos y territorios ancestrales, desaparición forzada, confinamiento y siembra de minas antipersonales.
Datos recogidos en el Registro de Afectaciones a Pueblos Indígenas determinaron que, entre 1959 y 2017, se registraron 36.453 casos de victimización contra los indígenas en Colombia.
En este contexto, un grupo de 500 indígenas del departamento del Chocó marcharon hasta Bogotá el pasado 11 de noviembre con el fin de reivindicar sus derechos y establecer una mesa de diálogo con representantes del gobierno. Las comunidades Embera Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú que habitan el Darién chocoano pretenden hallar respuestas por parte del Ejecutivo para acabar con la crisis humanitaria que los aqueja.
Hoy, estos pueblos procedentes de las cuencas de los ríos Cacarica, Truandó y Salaquí, ubicados en los municipios de Riosucio y el Carmen del Darién (Chocó), alegan que el incumplimiento de los acuerdos de paz con las comunidades indígenas ha generado un recrudecimiento del conflicto armado insostenible.
“Estamos aquí en Bogotá para alertar sobre el aumento del reclutamiento forzado, la siembra de minas antipersonales, los asesinatos de líderes indígenas, las amenazas contra miembros de las diferentes comunidades al norte del Chocó por cuenta de los diferentes actores armados que operan en la región: Autodefensas, Clan del Golfo y guerrilla del ELN”, le dijo a la Agencia Anadolu el coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, Helfer Andrade.
La firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc (hoy partido político con legisladores en el Congreso) parecía un bálsamo que prometía reducir los índices de violencia contra las comunidades indígenas y en las zonas rurales colombianas.
A pesar de las buenas intenciones y promesas hechas por el gobierno de Santos y del presidente Iván Duque, la situación en los territorios indígenas es crítica.
Le puede interesar: Superindustria pide reformar el régimen de competencia y autoridad.
Aislados y perseguidos
Por su parte, Luis Gindrama, uno de los defensores de derechos humanos que respalda la llamada ‘Minga por la vida’ denunció que, en los últimos dos años, han sido asesinados más de 10 líderes indígenas en la región del Bajo Atrato. Además, el aumento de las minas antipersonales en esta zona del Chocó produjo una situación de confinamiento y limitación de actividades como la caza, la pesca y la recolección de alimentos que derivó en una desnutrición crónica en adultos y menores.
El aislamiento generó en los últimos tres meses el fallecimiento de unos 40 niños por falta de atención médica.
“Debido al encierro que genera la violencia -afirma Helfer Andrade- los indígenas de la comunidad no pueden viajar a los centros de salud que están ubicados en las cabeceras municipales. No resistimos más esta realidad evadida desde el gobierno nacional, departamental y local”.
Andrade asegura que ya han conversado con miembros de los grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo para acordar una tregua, pero los acercamientos fueron inútiles.
La violencia derivada de los enfrentamientos entre los agentes de Estado y los grupos al margen de la ley, como las bandas criminales, guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico, puso en el ojo del huracán a los indígenas en el país, afectando el derecho territorial y las dinámicas propias de sus comunidades.
El Bajo Atrato es un corredor estratégico del narcotráfico para los grupos armados que allí operan. Por lo mismo, y frente al olvido estatal en este lugar de Colombia, los ‘elenos’, los milicianos del Clan del Golfo y los paramilitares se disputan las rutas por donde se transporta la coca hacia Panamá.
“Ellos dicen que como están en guerra con el Estado no van a frenar su accionar. Expresan que si el gobierno de Duque no muestra intenciones de instaurar unas conversaciones de paz, ellos no cederán ante las presiones del Ejército”, comenta el coordinador Andrade.
Ante tal emergencia humanitaria, el Ministerio del Interior determinó que se hará una visita de verificación en Chocó del 26 al 30 de noviembre y se instalará una mesa de trabajo en el municipio de Riosucio los próximos 6 y 7 de diciembre.
Para los miembros de la minga, estas promesas del gobierno son paños de agua tibia que no garantizarán la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado.
“Se ubicó la mesa de diálogo con el Ministerio del Interior -señala Andrade- pero no hemos podido avanzar porque no hay garantías ni siquiera para atender a la gente que está en Bogotá. Los más de 450 indígenas que vinimos desde el Chocó para reclamar por nuestros derechos fundamentales estamos viviendo una situación lamentable; dormimos en la calle porque ni el gobierno distrital ni nacional han buscado un espacio para ubicarnos mientras avanzan las conversaciones”.
"Nos ha tocado recurrir a la caridad y a ONG amigas que nos ayudan con alimentación, colchonetas y frazadas. El gobierno, como le digo, no garantiza nada para los niños, mujeres y hombres de esta minga. Así como vamos, no sé cuántos días vayamos a estar en Bogotá. Pero para que las cosas cambien en los lugares donde vivimos, la gente está dispuesta a resistir lo que sea necesario", concluyó Andrade.