En tres meses de gestión, al presidente Iván Duque ya le han marchado los estudiantes universitarios en siete oportunidades, lo que implica que la urgencia de destinar a los establecimientos públicos de educación superior $3,2 billones para que no cierren y $15 billones para sus edificios no se caigan ha ocupado primeros lugares en la agenda nacional durante el 60% de lo que va de gobierno.

No es poco, teniendo en cuenta que el tema llegó a los titulares de los medios y al debate en la opinión pública desde la calle, a donde los estudiantes sacaron la problemática, con apoyo del sindicalismo y los partidos opositores.

Ya a Santos le tocó vivir algo parecido, porque los asuntos que movilizan a estos sectores de la ciudadanía no son nuevos: son problemas no resueltos, ante los cuales cada gobierno negocia con el apremio de restablecer la normalidad, pero sin el cuidado de que las promesas se cumplan.

Paro estudiantil

Mañana volverán a sentarse estudiantes y funcionarios de los ministerios de Educación y Hacienda, mientras 20 de las 32 universidades públicas están paralizadas.

Terminando la semana pasada, las universidades Nacional y de Antioquia anunciaron que no aplazarán el semestre. "Discutimos con los estudiantes y ellos tienen claro que el tiempo sigue corriendo. El semestre hay que reprogramarlo, pero puede llegar el momento que sea imposible recuperarlo. Lo que estamos buscando es que los jóvenes vuelvan a la actividad académica para no tener que cancelar el semestre", explicó Jaime Franklin, vicerrector de la Universidad Nacional.

Pecando de optimistas, si se ponen de acuerdo, seguirían otros asuntos pendientes por solucionar, así que la cosa no va a parar el 28 de noviembre con la toma de las principales ciudades del país y el 13 de diciembre con el paro nacional, porque detrás de los estudiantes y los profesores vienen los indígenas y los camioneros; y todavía los agricultores no se han manifestado, pero el próximo año con el Niño a bordo la actividad agrícola se pondrá color de hormiga y veremos a los campesinos también reclamar por los incumplimientos del Gobierno. Esta vez, además, saltarán a las carreteras las áreas cocaleras y las zonas del posconflicto preguntando por la ausente mano del Estado.

Sindicalismo

El jueves de la semana pasada la convocatoria corrió por cuenta de las centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), cuyo presidente Nelson Alarcón, expresó “un rechazo rotundo a la ley de financiamiento” y exigió el “cumplimiento total e inmediato del acta firmada en 2017”.

Las acciones sindicales previstas para el 28 de noviembre y el 13 de diciembre vienen siendo acordadas entre la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CT), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, señaló que el sindicalismo exige el "retiro del proyecto de reforma tributaria que plantea la extensión del IVA a la canasta familiar, y que se reabra la mesa de los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios para que el Gobierno por medio de un diálogo con ellos defina una estrategia para sacar a las universidades colombianas de la crisis en la que se encuentran".

Indígenas y camioneros

Mañana serán ocho días de la llegada a Bogotá de más de 450 indígenas provenientes del Chocó para reclamar el cumplimiento de acuerdos establecidos en 2017 en el marco de la Minga Indígena por la Vida, acuerdos que según ellos han sido incumplidos de manera unilateral por el Gobierno nacional.

El Ejecutivo logró sortear ese trance y los indígenas de los pueblos Embera, Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú iniciaron en la noche del jueves el regreso a sus comunidades luego de lograr una serie de convenios, según un comunicado divulgado el viernes por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "con la esperanza que esta vez sí se cumpla con lo acordado".

Pero si se logró desactivar ese conflicto, por vías intermunicipales viene pitando otro: los camioneros han manifestado su descontento por las continuas alzas en la gasolina y los peajes, por lo que han decidido parar sus vehículos el próximo viernes.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), Jairo Herrera, dijo que “por asunto de voz a voz del gremio se ha recibido una fecha que han propuesto para el 23 de este mes para una inmovilización de camioneros en todo el territorio nacional, porque prácticamente paraliza la economía nacional con todos esos costos que eso genera”.

Herrera reiteró, que "una inmovilización traería grandes pérdidas a la economía nacional y más en esta época navideña que se avecina, por eso manifestamos nuestro total rechazo a otra restricción de camiones en el Distrito Capital”.