En la Corte Suprema de Justicia el congresista Iván Cepeda y el exparlamentario Alirio Uribe reconocieron públicamente que no era cierto que el general en retiro del Ejército Nicacio Martínez era investigado por ‘falsos positivos’ como lo habían denunciado en un debate de control político en 2014. Ambos deberán publicar un comunicado en el que desmientan y coloquen límites a sus afirmaciones.

La conciliación la hizo el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Francisco Javier Farfán Molina. El senador Cepeda y el exrepresentante Alirio Uribe se comprometieron a publicar un comunicado, cuyo texto deben acordar con el general Martínez, donde aclaran y precisan el alcance de las afirmaciones que hicieron a finales de 2014 en el debate de control político sobre falsos positivos que hicieron con motivo del ascenso de varios generales, entre ellos el excomandante del Ejército a Mayor General.

Luego de publicado el comunicado deben volver al despacho del magistrado para que avale el cumplimiento del acuerdo de la conciliación y decrete la extinción de la acción penal formulada por Martínez contra los dos congresistas.

En 2014 el senador Cepeda dijo: “Tenemos tres casos de oficiales en cuyas unidades se presentó una proliferación inusitada e inexplicada de ejecuciones extrajudiciales que podrían tratarse de falsos positivos”. Se refirió al general (r) Martínez; al entonces Brigadier General Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra y al entonces coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.

Sin embargo, para el momento de los hechos, el alto oficial no estaba siendo investigado y, en cambio, tras ser ascendido por el Congreso emprendió acciones judiciales contra los congresistas.

Según el resultado de la audiencia los miembros del Polo reconocieron que “para la época que tuvo lugar el ascenso del mayor general su nombre no estaba incluido en ninguna investigación penal o disciplinaria por ejecuciones extrajudiciales”.

Ambos parlamentarios sostienen que en relación con la Brigada X del Ejército el general no fue su comandante sino su jefe del Estado mayor por un periodo inferior a un año”.

Así mismo, ambos reconocen que Martínez “respeta y no entra en controversias políticas con ningún congresista por no ser una actuación propia de un Oficial del Ejército y por el respeto a la función que cumple el Congreso de la República en el marco de la constitución y la ley”.

Según el comunicado, “aclarando esto el exrepresentante Alirio Uribe y el senador Iván Cepeda reiteran que mantienen las manifestaciones y posiciones que expresaron en el debate de control político sobre ejecuciones extrajudiciales realizado en la Cámara el 12 de noviembre de 2014, y de objeción a la promoción del entonces Mayor General Nicacio de Jesús Martínez, presentadas en las sesiones de ascensos de oficiales del Ejército realizadas en el mes de diciembre del mismo año en el Senado de la República”.

El general Martínez salió de la Comandancia del Ejército el pasado 27 de diciembre tras un año y 17 días en el cargo, según dijo por problemas personales.

Sin embargo, una publicación de la revista Semana develó una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos, que habría sido llevada a cabo por agentes estatales, en donde salió el nombre del excomandante del Ejército.

Pero el alto mando manifestó que su salida no tuvo nada que ver con este caso del cual no tenía conocimiento.

En un comunicado aseguró que “no tengo nada que ver con la publicación de la Revista Semana (...) Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia”.

Así mismo indicó que “como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre”.