Ante el Consejo de Estado, una tutela interpuesta por Juan Sebastián Ceballos Bedoya, Esteban Hoyos Ceballos y María Carolina Olarte Olarte plantea cuestionamientos a la elección del magistrado Vladimir Fernández para la Corte Constitucional, argumentando violación de derechos políticos en la etapa de conformación de la terna presidencial.

En la mira de la controversia se encuentra la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro el pasado 2 de octubre, con el objetivo de cubrir la vacante dejada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo. Los demandantes sostienen que el proceso de selección adoleció de falta de transparencia al omitir una convocatoria pública previa, contraviniendo así el artículo 126 inciso 4 de la Constitución.

Los accionantes argumentan que la conformación de la terna les negó la posibilidad de participar activamente en el proceso de selección, vulnerando su derecho político fundamental a "conformar, ejercer y controlar el poder político." En ese sentido, buscan que el Consejo de Estado invalide la terna y ordene al presidente realizar una convocatoria pública acorde con los principios constitucionales.

Vladimir Fernández, ya elegido por el Senado el 17 de octubre, ha enfatizado en entrevistas su compromiso con la imparcialidad, asegurando que su experiencia como jefe jurídico de la presidencia no afectará su independencia como magistrado. Sin embargo, la tutela plantea interrogantes sobre la legitimidad de su designación, generando incertidumbre en el ámbito judicial colombiano.

Asimismo, en la tutela se puede leeer: “el presidente de la República vulneró nuestros derechos políticos fundamentales a conformar, ejercer y controlar el poder político, reconocidos y desarrollados en los artículos 1, 2, 40, 85, 93 y 126 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 25 literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el artículo 23 numeral 1 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 1904 de 2018”.

El Consejo de Estado deberá evaluar los argumentos presentados para determinar si la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se ajusta a los principios constitucionales y legales. Este episodio, que precede a la toma de posesión del magistrado electo, suscita cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad en el proceso de selección de altos cargos judiciales en el país.