El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defiende logros antidroga y aún espera aval al glifosato. Habla del reto de las disidencias de las Farc y destaca baja en delitos de alto impacto
EL NUEVO SIGLO: - Una de las promesas de campaña del presidente Duque fue la de “devolver” la seguridad y el orden público al país ¿Qué tanto se ha cumplido?
CARLOS HOLMES TRUJILLO:- Hemos avanzado muchísimo en ese objetivo de tener un país en el que podamos todos vivir y trabajar tranquilos. Estructuralmente, una de las grandes amenazas que tenemos los colombianos es el narcotráfico, por lo que es prioridad del Gobierno avanzar en la lucha contra ese flagelo y lo estamos logrando.
Por ejemplo, encontramos una tendencia creciente de cultivos ilícitos que, gracias al trabajo de este Gobierno y a la Fuerza Pública, ha permitido la reducción, por primera vez en 6 años, del 9 % en hectáreas de cultivos de coca en el país durante 2019, según lo confirma el informe SIMCI de Naciones Unidas.
A esto se suman las interdicciones de droga, tan solo en 2020, con corte a 23 de julio, llevamos más de 248 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas. Y también seguimos trabajando, junto a la Fiscalía, en la desarticulación y judicialización de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, así como del lavado de activos y todas las rentas criminales que se desprenden de este negocio criminal.
Pero hablemos de la seguridad ciudadana, que es la que le interesa al colombiano de a pie. En ese punto también hemos tenido importantes avances. Entre el 1 de enero y el 23 de julio de este año las cifras de homicidio se han reducido en un 13% a nivel nacional; todas las modalidades de hurto han disminuido; la extorsión, que tanto afecta a los comerciantes, va en -30% y el secuestro, ese delito execrable, se ha reducido en 27%.
ENS:- Los críticos de la estrategia de seguridad y orden público sostienen que el crecimiento de las disidencias de las Farc y el desdoblamiento del Eln hacia Venezuela son pruebas del fracaso en este frente ¿Qué responde?
CHT:- Todo lo contrario. En relación con el Grupo Armado Residual es importante recordar que está conformado no solamente por los miembros de las antiguas Farc que abandonaron el acuerdo, sino también por las estructuras que nunca se acogieron al mismo y que encuentran en el narcotráfico su principal fuente de financiación. El reconocimiento del GAO residual se hizo desde el 2017.
El repliegue de estructuras del Eln y del GAO residual hacia territorio venezolano es la prueba de que la Política de Defensa y Seguridad del Gobierno es efectiva. Deben replegarse y buscar la dictadura que los admite, auspicia y cobija para poder escapar a la acción eficaz del Estado, especialmente a través de la Fuerza Pública.
Reto
ENS:- ¿El Estado está perdiendo la batalla en la cruzada para la protección de los líderes sociales y los desmovilizados, que siguen cayendo asesinados?
CHT:- El Gobierno ha realizado grandes esfuerzos en la protección de los líderes sociales a través del Plan de Acción Oportuna que lidera el Ministerio del Interior. Pero no se trata solo de protección individual, el PAO incluye la participación activa del Sector Defensa en la recuperación de territorios donde delinquen las organizaciones criminales que amenazan a nuestros líderes y en la desarticulación de esos factores de inestabilidad.
Así mismo, este Gobierno está comprometido con la seguridad y el éxito del proceso de reincorporación de los desmovilizados. Para este propósito ha venido implementando una serie de medidas que cuentan también con la participación del Ministerio de Defensa y que implican dispositivos de seguridad permanentes en lo que antes se denominaban ETCR, apoyo a las autoridades judiciales y fortalecimiento del control territorial en los lugares más afectados por las rentas criminales.
Destacamos que en cumplimiento de la Política de Defensa y Seguridad y la Política Marco de Convivencia se elevó el costo a los cabecillas de organizaciones criminales señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, a defensores de derechos humanos y a desmovilizados. Esta estrategia contribuye a garantizar su protección efectiva.
Del Cartel de los más buscados por amenazar y atentar contra líderes sociales, presentado en 2019 y compuesto por 31 integrantes de organizaciones criminales, 14 han sido capturados y 3 han muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública.
¿Y el glifosato?
ENS:- Se frenó la escalada alcista de los narcocultivos después de siete años. El Gobierno considera un logro positivo, pero los críticos dicen que no es suficiente y menos cuando hoy los sembradíos son más productivos y se exporta más coca… ¿Cuál es la realidad?
CHT:- La realidad es que cuando llegamos encontramos que en Colombia se había desmontado la política de lucha contra las drogas ilícitas, como consecuencia, en muchas zonas del país aumentaron exponencialmente los cultivos ilícitos y la producción.
Esto es inaceptable, por lo que desde el primer día de este Gobierno reactivamos las capacidades de la Fuerza Pública y se empezó a implementar la Estrategia Integral de Lucha contra el Narcotráfico, así como la Política Ruta Futuro: aumentamos de 23 a 196 los Grupos Móviles de Erradicación y los recursos para este esfuerzo, que hoy ya nos muestra resultados.
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En cumplimiento de la Política y de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico, en 2020 reiniciamos operaciones de erradicación en el Catatumbo, en donde se había suspendido la erradicación desde 2013, decisión que, por cierto, ha significado que esta región del país sea la que concentra más hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional.
Ha sido un trabajo difícil y un esfuerzo grande, pero que va en la dirección correcta y por eso debemos seguirlo.
ENS:- Dos años de mandato y nada que se reanudan las aspersiones aéreas con glifosato: ¿Cree que antes de terminar este Gobierno habrá luz verde al respecto?
CHT:- Así lo esperamos, pues para el Gobierno nacional es importante usar todas las herramientas disponibles en esta lucha.
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La reanudación de la aspersión aérea con glifosato es un proceso técnico que depende de varias entidades del Estado y el Gobierno está haciendo todo el esfuerzo para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para su reactivación.