El representante por Bogotá, Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, les agradeció a la mayoría de sus colegas de la Comisión Primera de la Cámara que acogió su “proposición de archivo del proyecto sobre aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, que actualmente está regulada por la Corte. No pongamos más requisitos, la necesitamos con urgencia, es vital para ganarle al narcotráfico”.
Se trata del Proyecto de Ley número 112 de 2019 Cámara, “por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito”.
La iniciativa había sido radicada el 31 de julio por un grupo de congresistas de varios partidos, como el Liberal (Carlos Ardila, Carlos Julio Bonilla, Andrés Calle, Silvio Carrasquilla, Henry Correal, Ángel María Gaitán, Edgar Gómez, Harry González, Luciano Grisales, Elizabeth Jay-Pang, Juan Carlos Losada, Diego Patiño, Julián Peinado, Crisanto Pisso, John Jairo Roldán y Alejandro Vega), Conservador (Felipe Muñoz), Alianza Verde (Neyla Ruiz y Catalina Ortiz), Cambio Radical (David Pulido), Lista de la Decencia (David Racero) y La U (John Jairo Cárdenas).
La propuesta era determinar y establecer los requisitos necesarios para la utilización por parte del Estado de la aspersión aérea de sustancias toxicas o probablemente tóxicas, en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito, con el fin de combatir el narcotráfico y preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional.
El representante Ardila dijo ayer que “lastimosamente el Proyecto de Ley Aspersión como Última Opción fue archivado, pero no quiere decir que nos detengamos aquí. Plantearemos los argumentos que sean necesarios y seguiremos velando por una lucha antidroga que respete el medio ambiente y la salud de nuestros campesinos”.
Peinado, que era el ponente del proyecto, sostuvo que “no es igual el que decide usar glifosato en su cultivo, que la aspersión aérea: en una, quienes lo utilizan al menos toman una decisión sabiendo que es potencialmente cancerígeno. En la otra, ni siquiera se escucha la opinión de las comunidades”.
Ardila expuso que la iniciativa no era “una prohibición rotunda”, sino que estaban “regulando el uso del mismo” para que fuera “un uso de último ratio, es una medida final, la última que le quedaría al Estado para implementar”, por lo que consagraba “la obligación de que el Estado repare vía administrativa por los daños antijurídicos que se le ocasione a las familias afectadas por los cultivos de uso ilícito”.