El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, presentó una iniciativa para modificar la legislación que regula el uso de teléfonos fijos en cárceles, buscando frenar el creciente problema de extorsiones y amenazas perpetradas desde el interior de las prisiones.

Las recientes acciones en contra de la extorsión, como la 'Operación Dominó', han evidenciado la necesidad de un cambio en la normativa vigente.

La propuesta del Inpec, liderada por el coronel Gutiérrez, surge en respuesta a las crecientes amenazas y extorsiones desde el interior de las cárceles, particularmente a través del uso indebido de teléfonos fijos. La 'Operación Dominó' reveló que 229 funcionarios han sido amenazados, lo que ha impulsado la necesidad de una reforma.

La iniciativa presentada contempla la restricción de las llamadas telefónicas para aquellos detenidos por el delito de extorsión o asociados a este. Según el director de la entidad, la propuesta se traduciría en la adición de numerales específicos a la Ley 599 del 2000, artículo 43, así como a la Ley 65 de 1993, artículo 121 y artículo 123. El objetivo es limitar las comunicaciones a familiares en primer grado de consanguinidad y representación legal.

En el marco de la 'Operación Dominó', se han iniciado 5.409 investigaciones, involucrando a 3.892 funcionarios en todo el país. Además, se han realizado 28 traslados de extorsionistas considerados entre los más corruptos de Colombia, con un total de 500 reubicaciones de reclusos.

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El caso de José Manuel Vera, alias 'Satanás', destaca como ejemplo de la problemática. Tras amenazar a comerciantes a través de un teléfono público en el penal, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Tramacúa en Valledupar, donde enfrenta medidas extremas de vigilancia las 24 horas.

El director del Inpec anunció medidas adicionales, incluyendo requisas diarias por parte de la entidad y semanales por el Gaula de la Policía para 'Satanás'. Asimismo, se propone una modificación en los artículos de la Ley 599 y la Ley 65 para restringir el uso de teléfonos públicos únicamente a familiares y representación legal, con el fin de evitar su utilización para actividades ilícitas.