Por primera vez en lo que lleva de gobierno el presidente Duque, reveló que contempla reactivar las fumigaciones con glifosato contra los cultivos ilícitos que, dijo, en solo seis años pasaron de 50.000 a 200.000 hectáreas.

Explicó que de tomar esa decisión se seguirán al pie de la línea los protocolos que fijó la Corte Constitucional en 2015.

“En la política integral que estamos desarrollando queremos que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción que vayamos a emprender esté soportada en el fehaciente cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional”, precisó el presidente Duque.

Además añadió que “la Corte Constitucional ha dicho que la fumigación con glifosato se puede dar si se cumplen unos protocolos y estableció siete elementos”.

Se conoció que la reactivación de las fumigaciones con este herbicida, que suspendió hace tres años la administración de Juan Manuel Santos por motivos de precaución por sus eventuales efectos sobre la salud humana, fue uno de los temas que trató el presidente Duque en la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño el pasado martes con funcionarios norteamericanos: el subdirector de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp), James Carrol, y el comandante de la Guardia Costera, almirante Karl Schultz.

En este sentido, el Presidente de la República explicó que el Gobierno de Estados Unidos le hizo saber que si bien existe “una herencia preocupante de cultivos ilícitos, pasando de 50.000 a 200.000 hectáreas en seis años”, respalda su política antidroga.

El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, ya había defendido el uso del glifosato en materia agrícola como herbicida. Incluso destacó que es de uso común en los diferentes cultivos en todo el país.

De igual forma la semana pasada, Botero en la Comisión Segunda del Senado en un debate de control político expuso las ventajas del uso de drones, que actualmente es una estrategia experimental de aspersión, en la destrucción de cultivos de coca en regiones como Nariño, particularmente en el municipio de Tumaco.

Informó además que el daño ambiental causado por los precursores químicos utilizados en el procesamiento del clorhidrato de cocaína es mucho mayor al causado en las aspersiones.

Destacó también que a través del uso de drones permite la aspersión a muy baja altura, a un metro de la mata de coca, y con un alcance de tres metros horizontales por el paso de la aeronave no tripulada.

El anuncio del presidente Duque sobre la eventual reactivación de las fumigaciones con glifosato se produjo un día después de que en el informe anual antidroga de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump nuevamente criticara a Colombia por las grandes extensiones de cultivos ilícitos.

"Estoy muy preocupado porque los cultivos ilícitos se han expandido por años consecutivos en Colombia, México y Afganistán, y ahora están en niveles récord. Esa producción de drogas y tráfico afectan directamente nuestros intereses nacionales, tanto en salud como en la seguridad de los estadounidenses. La heroína colombiana y la coca colombiana se están cobrando miles de vidas anualmente en nuestro país", aseveró el Mandatario norteamericano.

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La Corte

En mayo del año pasado la Corte Constitucional fijó "estrictas condiciones" para la reanudación de la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos.

Aunque mantuvo la restricción, el alto Tribunal indicó en un fallo que el Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de las políticas de erradicación, "solo podrá modificar la decisión de no reanudar" la fumigación aérea cuando se cumpla una serie de "características mínimas".

Entre ellas, que un órgano distinto e independiente a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación diseñe y reglamente una regulación para la aspersión aérea.

"La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado", afirmó.

Cuando "se alerte sobre nuevos riesgos", se deberá revisar automáticamente el proceso por parte de entidades con capacidad de prevenir las afectaciones.

La Corte, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, sostuvo que la decisión de levantar o mantener la suspensión "deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y al medio ambiente".

El Tribunal ordenó en esa oportunidad al Ministerio del Interior, que preside el Consejo Nacional de Estupefacientes, que en un plazo máximo de seis meses le informe sobre "las medidas legislativas y/o reglamentarias" adoptadas para cumplir su sentencia, así como de su implementación.