La Fiscalía General de la Nación citó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, a declarar el próximo 4 de junio a las 8:00 a.m. Este llamado surge en medio de una serie de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y contratos irregulares en la entidad, algunos de los cuales se remontan al periodo anterior a su dirección.
El requerimiento se produce días después de una reunión entre Carrillo y la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la cual el director de la UNGRD solicitó que la entidad sea reconocida como víctima, particularmente en el caso de los 40 carrotanques destinados a La Guajira. La citación es en versión libre, indicando que no está vinculado formalmente a la investigación en curso, pero se espera que proporcione información crucial para esclarecer los hechos.
Anteriormente, Carrillo fue objeto de un tenso control político en la Cámara de Representantes, donde sus respuestas a las acusaciones de irregularidades generaron más dudas que claridad. Esta falta de respuestas satisfactorias durante la audiencia incrementó la presión sobre su gestión y llevó a la Fiscalía a intensificar sus indagaciones.
El director de la Unidad asumió el cargo después de la renuncia de Olmedo López, su predecesor, quien junto con el exsubdirector Sneyder Pinilla, también fue citado por la Fiscalía. López deberá comparecer entre el 3 y 7 de junio, mientras que Pinilla lo hará entre el 12 y 13 del mismo mes. Ambos exfuncionarios ya han tenido acercamientos con la justicia, buscando un principio de oportunidad a cambio de su colaboración.
Testimonios Reveladores
Sneyder Pinilla, en declaraciones a la revista Semana, acusó directamente a varios altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro de estar involucrados en un esquema de desvío de fondos. Según Pinilla, recibió órdenes de Olmedo López para canalizar recursos hacia congresistas influyentes con el objetivo de asegurar la aprobación de reformas legislativas. Este desvío de fondos se habría materializado en pagos en efectivo, transportados en maletas, y ascendía a cifras millonarias.
Olmedo López, por su parte, corroboró estos señalamientos en entrevistas posteriores, detallando que los montos desviados podrían alcanzar hasta 380.000 millones de pesos. Estas revelaciones apuntan a una red de corrupción profundamente enraizada, con implicaciones que podrían abarcar a más de 15 congresistas.