La Federación Colombiana de Municipios expresó su rechazo a la orden de arresto contra el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, impuesta por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar por desacatar una orden de desalojo que afectaba a más de 30.000 personas.
El pasado 26 de julio, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, comenzó a cumplir una orden de arresto de tres días, sanción que fue ordenada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar debido al desacato de una acción de desalojo. La medida afecta a más de 30.000 personas que habitan en los asentamientos de Altos de Pimienta y Los Guasimales, entre otros. Esta situación ha generado una ola de críticas y solidaridad por parte de distintas entidades y figuras públicas.
La Federación Colombiana de Municipios, a través de su Director Ejecutivo, Gilberto Toro Giraldo, manifestó su descontento con la medida judicial. "Somos los primeros en acatar las decisiones judiciales; sin embargo, en esta oportunidad tenemos que alzar nuestra voz de protesta contra la injusticia que se está cometiendo con el alcalde Ernesto. Desalojar a 30.000 personas es un acto inhumano y es necesario que el Gobierno Nacional tome acciones para la legalización de estos predios, como lo pidió el alcalde de Valledupar al Presidente de la República en el pasado Congreso Nacional de Municipios", afirmó Toro Giraldo.
El caso de Orozco Durán no es aislado. La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, también se pronunció en defensa del alcalde, señalando la injusticia de la orden de arresto y reiterando la necesidad de una reglamentación adecuada de la Ley 2044 del 2000, la cual dicta el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. "Es injusto para los mandatarios locales y departamentales tener que tomar decisiones en contravía del bienestar de los ciudadanos", subrayó la gobernadora Sanjuan.
El alcalde Orozco, en múltiples ocasiones, ha solicitado la reglamentación de dicha ley, argumentando que las personas afectadas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. En un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios expresó su solidaridad con el alcalde y el pueblo vallenato, y renovó su llamado al Gobierno Nacional para que atienda esta problemática de manera urgente.
"La Federación Colombiana de Municipios se solidariza con el Alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y el pueblo vallenato por la situación que están viviendo. Reiteramos al Gobierno Nacional el pedido del alcalde para la reglamentación de la Ley 2044 del 2000", concluye el comunicado de Fedemunicipios.
La controversia en torno a esta situación ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los alcaldes y gobernadores en Colombia al tratar de equilibrar el cumplimiento de decisiones judiciales con la protección y el bienestar de sus comunidades. Mientras tanto, la comunidad de Valledupar espera una solución que permita la legalización y mejora de las condiciones de los asentamientos afectados.