Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diera plazo hasta el 22 de noviembre a los excomandantes y mandos medios de la extinta guerrilla de las Farc para reconocer su responsabilidad en el crimen de lesa humanidad de esclavitud con los secuestrados que tuvieron en sus manos,  éstos señalaron que son concientes del daño que hicieron a sus víctimas, pero no las esclavizaron.

Rodrigo Londoño, máximo comandante de las Farc cuando dejaron las armas tras firmar el Acuerdo de Paz a finales de 2016, dijo ayer que  “hemos podido reflexionar sobre la errada política del secuestro que en su momento adoptamos. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos por su gravedad son crímenes de guerra y de lesa humanidad".

A renglón seguido, dijo que "reiteramos también nuestro reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Así como someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida”. 

Agregó que “por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos y cumplimos el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud”.

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Londoño señaló que “sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc-EP fue una organización esclavista”.

La JEP acogió un concepto de la Procuraduría General de la Nación, que presentó de forma paralela a la etapa en que en este proceso que adelanta la Jurisdicción abrió para que las víctimas hagan observaciones frente a la versión que han entregado los comparecientes.

Como consecuencia la JEP señaló que las Farc-EP sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, y que en efecto acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro que tenían implementada en el país. 

El Ministerio Público documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestro fueron obligadas a realizar trabajos forzados.

Evidenció que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otras.