Pasados los primeros 100 días de gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) alertó sobre la “alarmante” postergación en la adopción de una política pública anunciada para proteger a los defensores de derechos humanos en el país. 

Según indicó el CEJIL, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para estos activistas.

En lo corrido del año -destaca el Instituto de Estudios por el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)- han sido asesinados más de 200 individuos que componen este colectivo. 

Para contener dicha oleada de violencia contra los defensores de DDHH, el presiente de Colombia firmó el pasado 23 de agosto el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.

CEJIL subrayó que este plan no ha sido implementado a pesar de que Duque prometió que para finales de septiembre tendría resultados. 

A través de un comunicado, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional explicó que la demora y la falta de transparencia del pacto han generado algunas preocupaciones sobre su desarrollo. 

Por lo mismo, el CEJIL envió una carta al poder Ejecutivo con el fin de establecer los lineamientos con los que el gobierno debería implementar dicha política. 

Le puede interesar: Balance de los 100 días del Gobierno de Duque.

“Entre los puntos más importantes, se destacan la necesidad de desarrollar un proceso abierto y participativo, para que la política atienda a la realidad de las personas defensoras en Colombia. Asimismo, en todas sus etapas, debería reflejar la diversidad de los defensoress en Colombia, y abordar los riesgos diferenciados que sufren algunos de ellos, como por ejemplo las defensoras y defensores de la tierra. A su vez, se debería garantizar una estrategia integral para articular los esfuerzos de prevención, protección, investigación, y reparación. Por último, se deberían identificar y abordar todos los fenómenos que impiden el derecho a defender derechos, entre ellos las amenazas”, indica la misiva.

Para el CEJIL es “sumamente preocupante” que, a dos años de firmado el acuerdo de paz de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de la Farc, quienes protegen las vidas y los derechos de los colombianos continúen enfrentándose a niveles tan altos de violencia. 

“Todas aquellas personas que han brindando una voz a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en Colombia tienen el derecho de vivir en paz y desarrollar sus labores sin arriesgar sus vidas”, concluyó el comunicado del Centro por la Justicia y Derecho Internacional.