El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la guerrilla desmovilizada con las mismas siglas, ha denunciado este sábado un "crecimiento exponencial" de los asesinatos de exguerrilleros pese al acuerdo de paz.

"Esto es un exterminio sistemático. Es la cuota de sangre que estamos hoy pagando por construir a una nueva sociedad en paz. Desafortunadamente, contamos con un Gobierno que no tiene entre sus radares la implementación del acuerdo, sino que busca una paz mediática, que a los territorios no les deja nada; solo el aumento de violencia y asesinatos", ha apuntado la senadora de la FARC Sandra Ramírez.

En concreto, asegura en su último informe oficial que han sido asesinados 216 excombatientes: dos en 2016, 34 en el 2017, 66 al año siguiente, 81 en 2019 y en lo que va de año ha habido 33 asesinatos, según información difundida por la emisora Caracol Radio.

De estos 216 asesinatos, 112 ocurrieron en los últimos 18 meses, entre febrero de 2019 y julio de 2020. De las 48 tentativas de homicidios en total, 33 fueron en este periodo, al igual que 6 de las 8 desapariciones que registra el partido.

Por regiones, los territorios en donde se han registrado más asesinatos son los departamentos de Cauca (37), Nariño (26) y Antioquia (24). Una estadística que, según la senadora, se debe a la "lucha histórica de los campesinos por sus tierras, el flagelo de las mafias del narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y la alta militarización, que antes que dar seguridad, aumenta los riesgos y amenazas".

Además han contabilizado 11 ataques por parte de la Fuerza Pública, en departamentos como Cauca, Antioquia, Chocó y Arauca. "El presidente Iván Duque tiene el deber de velar por todos los ciudadanos del país. Lo que ocurra o no en un país es responsabilidad del Gobierno. Tienen que velar por lo que pasa en los territorios con el narcotráfico. ¿Por qué no se implementa el acuerdo? El problema es que el Gobierno Nacional no se apersona de lo que está ocurriendo", ha añadido Ramírez.

Por ello la FARC ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para solicitar medidas cautelares. También han entregado infromes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a los países garantes "para que se den cuenta de lo que sucede en Colombia, particularmente con los excombatientes de las FARC".

"Esto no es un problema de las FARC. Se trata de la crisis que tenemos como sociedad. ¿Cómo superamos haber estado inmersos en un conflicto social y armado? ¿Cuál es el cambio que queremos ahora, ya que tenemos la tan importante herramienta del acuerdo de paz? La guerra en un negocio muy lucrativo para la clase corrupta y gobernante, pero volver a la guerra, retroceder a Colombia, no es una opción", ha remachado.