Tras la propuesta hecha por el comisionado de Paz, Otty Patiño, en la que se pide considerar evaluar el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), rechazó de forma categórica la idea, asegurando que implica un grado de desconocimiento de la Constitución.

"La CEJ llama la atención de los funcionarios del alto gobierno para que se respete a la justicia y los principios de su autonomía e independencia, así como su libre ejercicio al representar una de las ramas más importantes del Poder Público", indicó a través de un comunicado.

Es importante mencionar que el pasado martes, 24 de septiembre, el consejo Otty Patiño, señaló que el Gobierno se encontraba estudiando la posibilidad de cerrar de manera definitiva la JEP, afirmando que se podría fortalecer a la justicia ordinaria para que acojan los procesos de los involucrados en el conflicto.

"Ya tenemos varias justicias con las que no se han cerrado los procesos y hemos venido hablando con la fiscal general (Luz Adriana Camargo) para que la justicia ordinaria más bien se fortalezca y adquiera cierta flexibilidad en el manejo territorial", indicó el comisionado a El Espectador.

Sin embargo, la CEJ, en defensa de la JEP, afirmó que la Jurisdicción "es un órgano trascendental dentro de la estructura del Estado Social de Derecho, encargado de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, y además tiene como finalidad satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, razón por la cual su misión goza de plena legitimidad institucional", exigiendo el respeto de los Poderes Públicos.

De igual forma, la Corporación resalto que la JEP tiene un periodo de funcionamiento debidamente establecido, por lo cual no puede pretenderse, según la CEJ, afectar las funciones constitucionales que le han sido conferidas durante el proceso de paz.

"Cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y su sustitución, generando gran desestabilidad institucional", puntualizó.