Si los estudios científicos comprueban alta presencia de plomo en el Lago de Tota, el más grande de Colombia, siete municipios de Boyacá y colindantes con este espejo acuífero quedarían sin suministro de agua potable.
- Antecedente: Plaguicidas alteran salud ambiental del lago de Tota
Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación tras revelar que el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso (Boyacá), decretó la medida cautelar de prevención del riesgo solicitada por el Ministerio Público.
La Procuraduría delegada en lo Ambiental y Agrario de Boyacá interpuso una acción de tutela para proteger a los habitantes de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza y Nobsa, que se surte del líquido del lago para consumo humano.
Esta decisión, sin embargo, está supeditada a los estudios científicos que se realicen en los próximos días para verificar exactamente la cantidad de plomo que estará llegado al cuerpo natural.
La Procuraduría también solicitó mantener la suspensión de la construcción del proyecto hotelero que realiza el Grupo Empresarial HWM S.A.S., en el predio La Vega, ubicado en la Vereda Buitreros del municipio de Cuítiva, y que se encuentra dentro de la ronda de protección del ecosistema del lago.
Al parecer, dice el despacho, el sector donde se adelanta la obra no tiene sistema de acueducto y red de alcantarillado, ni contaría con los permisos de vertimientos y concesión de aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá.
Para el ente de control “resulta primordial que se verifique el cumplimiento de los protocolos y requisitos técnicos, antes de continuar con la construcción del hotel y su posible apertura, a fin de evitar potenciales alteraciones ecológicas y riesgos para el medio ambiente.
Así mismo, advirtió que el lago es una fuente importante de abastecimiento de agua para los siete municipios mencionados, que representan cerca del 20% de la población del departamento de Boyacá, y ha sido reconocida como un área de conservación de aves en peligro de extinción.
Pruebas científicas
Por su parte, el procurador Ambiental de Boyacá, Diego Fernando Trujillo, dijo a Rcn que “si se llega a comprobar por parte de los científicos de Medicina Legal que los niveles de plomo son tan elevados, quedará suspendido el criadero de truchas, el suministro de agua para riego de productos agrícolas y todo tipo de actividades, con el fin de evitar serias afectaciones”.
El funcionario explicó que lo que se busca con la decisión judicial es proteger a los habitantes cercanos al Lago de Tota, pues desde antes de comenzar la pandemia la Procuraduría convocó a la Gobernación de Boyacá y a Corpoboyacá, así como a los alcaldes de los municipios que rodean la laguna, para establecer a qué obedece la contaminación con plomo.
El delegado dijo que son los alcaldes junto con los Concejos Municipales los que determinan el uso del suelo y los recursos naturales que pueden reglamentar, pero no lo hicieron.
“Casi un año después apenas van a tomar muestras de agua. La Procuraduría recibió pruebas de la presencia de plomo en el agua de la Laguna de Tota. No vimos actuaciones preventivas de ninguna autoridad, ahora nos tocará presentar un informe con fines disciplinarios para que se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios que no actuaron de forma oportuna”, dijo.
La Procuraduría se basó en un informe de la Fiscalía General de la Nación según el cual el agua de la Laguna de Tota supera en 95 veces el límite de plomo tolerable.
La Procuraduría busca determinar de qué actividad está llegando el plomo al cuerpo de agua. En principio no se descarta el mal uso del suelo y la gallinaza orgánica que se utiliza como abono para el cultivo de trucha y de cebolla.
De comprobarse los altos niveles de contaminación del agua de Tota, quedarían prohibidas actividades como el turismo, la pesca de trucha, el suministro para productos agrícolas y los bebedores para los animales.
Mientras tanto, el subdirector de Recursos Naturales de Corpoboyacá, Diego Roa, afirmó que la entidad adelanta 32 procesos sancionatorios ambientales relacionados con captación ilegal, vertimientos irregulares, ocupación de cauce, invasión de ronda de protección y de cota de inundación del Lago de Tota.