Tras ocho sesiones de presentación, debate, deliberación y votación, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó, con 12 votos a favor y 3 en contra, el proyecto de acuerdo 265 de 2021, "por medio del cual se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria para el rescate social y económico”.
El documento, por $1,8 billones, destina $1,1 billones para garantizar la operación del sistema de transporte público en Bogotá y $770.000 millones para mejorar el empleo, los ingresos de las familias en estado de pobreza y vulnerabilidad, así como fortalecer el sistema de salud de la ciudad.
La solicitud de la administración, que ahora pasa a segundo debate en el Cabildo, busca redireccionar estos recursos disponibles de la actual vigencia, sin generar impacto fiscal, para proteger las condiciones sociales y económicas de la capital. Sin embargo, luego del mencionado trámite, varios aspectos de la iniciativa cambiaron, comenzando por su nombre.
Así, superada la discusión en la Comisión de Hacienda que fue álgida y llena de controversia, sobre todo a raíz del porcentaje de la misma que se destinó a Transmilenio, la votación de cada una de las más de 30 proposiciones que se presentaron, robustecieron este proyecto que llegará con nuevos elementos a la plenaria. Otras adiciones no pasaron y buena parte de las supresiones se hundieron. ¿Cuáles son algunas de las más significativas modificaciones que sufrió el rescate social?
Antes de desglosar los cambios, es importante tener presente que la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, pasada la votación del viernes, dejó constancia de múltiples vicios de trámite, en especial del artículo 76 "y vamos a llevar estos argumentos para que el proyecto se devuelva a la comisión por vicios de trámite. Y si no, iremos a las instancias judiciales como la tutela", indicó la cabildante Susana Muhamad.
Principales modificaciones:
- Cambio de nombre
Se estableció que en adelante este es un proyecto “por medio del cual se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria para el rescate social y económico, se garantiza la operación del sistema de transporte público y se dictan otras disposiciones”. Así llega a la plenaria.
La ponente que planteó esta modificación, la concejal Carolina Arbeláez, explicó que esta obedece a que precisamente se le debía hablar a la ciudadanía con claridad, especialmente en lo relacionado con la intención de salvar al sistema de transporte público.
“Así quedó consignado en la ponencia y también recogimos la propuesta de Marco Acosta de modificación del título. Aquí, en este nuevo título, adicionando que se garantiza la operación del sistema del transporte público, queda claro que este proyecto de rescate social poco tiene, y que su mayor porcentaje de presupuesto pretende garantizar la prestación del servicio de Transmilenio”, indicó la concejal.
- Aumento de alivios tributarios
Una de las adiciones está relacionada con la inclusión de alivios reales en las obligaciones tributarias de los impuestos Predial, ICA y de vehículos.
- Inclusión de clase media y discapacitados
Por otra parte, se planteó incorporar a la clase media al texto. Pasada la discusión en Hacienda, ahora el rescate social tendrá en cuenta a esta población vulnerable de la ciudad, puesto que no estaba contemplada en un inicio.
De esta manera quedó contemplado que la Administración Distrital diseñará e implementará en un plazo de seis meses, una estrategia de atención que permita apoyar a la población de clase media y evitar que más hogares caigan en la pobreza. “La Administración definirá el monto, destinación y gestión de los recursos presupuestales que se requieran”, indica el nuevo artículo.
Así mismo, se logró incluir un artículo con enfoque diferencial que busca proteger a las personas en condición de discapacidad. Esta fue una propuesta de Andrés Onzaga y Juan Baena.
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- Alternativas de financiamiento para TM
Presentada por Juan Baena, Carlos Fernando Galán y con el apoyo del concejal Marco Acosta, se aprobó la proposición para que en tres meses la administración le presente al Concejo de Bogotá un plan que contenga estrategias de recursos diferentes a los ingresos por recaudo de la tarifa y así garantizar la sostenibilidad del Sistema de Transmilenio.
- Mantiene presupuesto del IDT
Habiendo surtido el debate en la Comisión de Hacienda, este proyecto no tocará el presupuesto del Instituto Distrital de Turismo. Esta fue una proposición que se hizo con el fin de fortalecer el sector mediante estímulos e incentivos a través de Fondetur para reactivar el turismo en Bogotá.
- Transmilenio tendrá protección del vandalismo
Otro de los elementos que se aprobó para la redacción del nuevo proyecto fue el de un artículo que incluye la protección contra el vandalismo a Transmilenio, tanto para sus componentes troncales como zonales.
En este sentido, la Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con la Secretaría de Movilidad, la empresa de Transmilenio y las demás entidades que en el marco de sus competencias puedan ser involucradas, desarrollarán un modelo de alertas y prevención de ataques a la infraestructura fija o móvil del sistema. Quedó estipulado que este modelo deberá presentarse ante el Concejo de Bogotá en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la entrada en vigencia del acuerdo.
- $100.000 millones para hospitales
Otra de las adhesiones fue la del concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, de asignar $100.000 millones para los hospitales públicos del Distrito. “Agradecemos a la Administración Distrital por adicionar $100.000 millones para el rescate de los hospitales del Distrito, que en el momento no tienen cómo continuar sus gestiones y que tal vez no hubieran llegado a final de año si no hubiéramos logrado apropiar estos recursos”, indicó.
No obstante, su otra petición para que se formalizara laboralmente al personal de salud fue negada. “¡Increíble! Que ni la administración ni algunos concejales piensen en rescatar también al personal de la salud. ¿Seguirán aplaudiéndolos en la noche? Muchas gracias”, señaló Leal.
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Las bases del proyecto
- Rescate social
Las medidas propuestas para ser ejecutadas en 2021 incluyen un paquete social por $770.000 millones para mejorar el empleo, los ingresos de las familias bogotanas en estado de pobreza y vulnerabilidad, y fortalecer el sistema de salud de la ciudad.
Así mismo, incluyen $15 mil millones para atender la gestión y las necesidades específicas de varias entidades del Distrito: Secretaría Distrital de Cultura, Catastro, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (Idepac), Atenea, Contraloría, Personería y el Fondo Cuenta del Concejo.
“Esta administración espera obtener la aprobación final en plenaria, para poder destinar $389 mil millones en transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables; $114 mil millones para programas de educación, empleo y generación de ingresos de jóvenes y mujeres; $91 mil millones para subsidios de vivienda, $41 mil millones para atención a primera infancia y $100 mil millones para el Fondo Financiero Distrital de Salud, para apoyar a las subredes del sistema, muy afectadas por el covid”, explicó una vez aprobado el proyecto el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.
- Salvavidas a Transmilenio
El otro rescate, el de carácter económico a Transmilenio, busca recursos por $1,1 billones para garantizar en lo que resta del año la operación del sistema de transporte público en Bogotá, cuyos ingresos han caído drásticamente como consecuencia de la reducción de la demanda por la emergencia covid-19 y las medidas implementadas para controlar la pandemia.
Al respecto, el secretario de Hacienda agrega: “No es posible pensar en reactivación económica, generación de empleo y rescate social sin garantizar el funcionamiento del sistema de transporte público. Su parálisis golpearía principalmente a la población de ingresos bajos, que son los que más utilizan este sistema como medio de transporte”.
El resto de los recursos, que tienen que ver directamente con el plan de rescate social de la actual administración, se presentarán a consideración del Concejo para la próxima vigencia 2022, por $1,03 billones -proyectos que no alcanzan a ser ejecutados este año-, distribuidos en $364.041 millones para educación; $169.547 millones para empleo y generación de ingresos para jóvenes y mujeres, y $503.795 millones para obras de infraestructura.