Preocupación por la persecución que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pero también en Nicaragua y Venezuela, manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual sobre la situación en los países miembros de la OEA, publicado ayer.

En relación con Colombia, la Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Estado en la creación del marco normativo y la puesta en marcha de la estructura institucional necesaria para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc; pero, a su vez, reiteró su “profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales”.

Cifras rescatadas por la Defensoría del Pueblo indican que, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, se registraron 343 homicidios de líderes sociales y defensores. Los departamentos con mayor afectación fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contó 566 asesinatos de este tipo desde 2016 hasta el 10 de enero de 2019.

Mientras tanto, en lo que va de 2018, el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Alberto Brunori, afirmó que hubo 113 defensores asesinados y, en lo corrido de este año, van 29.

La CIDH advirtió que el Estado colombiano no debe utilizar “el poder punitivo y sus órganos de justicia con el fin de criminalizar a defensores y defensoras en retaliación a sus actividades”.

Cabe recordar que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, le dijo a la Agencia Anadolu que: “El mecanismo de protección de los defensores de DDHH en Colombia no cumple con las expectativas, ni responde al contexto tras la firma del acuerdo. El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”.

Recomendaciones

En el informe, la CIDH recomendó que el Estado colombiano “intensifique sus esfuerzos por consolidar una cultura de respeto para quienes defienden los derechos humanos, tanto en los diversos niveles estatales como en la ciudadanía en general, mediante actividades de promoción y educativas dirigidas al reconocimiento público de la contribución que tienen los defensores y defensoras en la reivindicación de los derechos humanos a lo largo del conflicto armado y en la búsqueda por la paz y consolidación de la democracia en Colombia”.

También exhortó a que se “asegure que las autoridades del Estado o personas particulares no utilicen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de criminalizar a defensores y defensoras en retaliación a sus actividades de defensa de los derechos humanos. Asimismo, asegure que sus funcionarios se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilícita por el hecho de realizar sus labores de promoción y/o defensa de los derechos humanos”. /Anadolu-ENS