Negado fue el recurso de impugnación de competencia con el que la defensa del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, pretendía cambiar el juez que llevaba el caso por lavado de activos.

Y es que el alto tribunal le habría dado la razón a la Fiscalía General de la Nación, pues el ente investigador argumenta en que el delito incurrido por Zuluaga es un presunto lavo de activos, transgresión que tiene que ser seguido por un cuerpo especializado para ser gestionado, lo que quiere decir que se mantendrá de esa forma y como se ha llevado a cabo desde el inicio de este caso.

Por otro lado, el choque se origina en la forma del que se habría llegado a incumplir en ese lavado de activos. La defensa de Zuluaga afirmó que se habría llevado a cabo por cohecho, por lo que el caso debería llevarse a cabo por jueces de este mismo circuito.

“Los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal no tienen asignación especial de competencia, sin embargo, el de enriquecimiento ilícito de particulares, sí lo tiene”, sostiene el Alto Tribunal.

Al parecer, este caso estaría atrasado tanto para Óscar Iván Zuluaga como para su hijo David Zuluaga, pues ambas personas debieron presentarse a juicio desde el pasado 5 de febrero, pero todo esto se retrasó ante el recurso presentado y una supuesta mal asignación de juez.

Cabe recordar, que excandidato Zuluaga está siendo inculpado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Mientras tanto, el hijo del exsenador David Zuluaga, es culpado de fraude procesal.

La Fiscalía General de la Nación, ha enunciado por su lado que también intentará inculpar a los Zuluaga por circunstancias de lavado de activos, puesto que la multinacional Odebrecht, intentó camuflar diferentes sobornos que entregó a altos funcionarios del Estado, a través de un contrato de publicidad.

Finalmente, el ente investigador sostiene que tanto hijo como padre ocultaron los aportes que recibían por parte de esta multinacional, donde además tampoco dieron información en actas oficiales de estos ingresos, mismo comportamiento que se evidenció en el año 2017 cuando se rindieron cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en campañas presidenciales.