SE CONOCIERON ayer los primeros reparos a la nueva licitación para elaborar pasaportes por $ 416.000 millones sobre los prepliegos en la convocatoria pública que hizo el Fondo Rotatorio de la Cancillería. En septiembre pasado, el ministro Álvaro Leyva había declarado desierta la selección del contratista en medio de advertencias de los órganos de control por eventuales falencias y quejas de algunos de los participantes, decisión que le costó al ministro ser suspendido por tres meses por las presuntas irregularidades durante el proceso.

Tras la suspensión de la licitación el canciller Leyva acudió a la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa por un año una empresa que elabore los pasaportes, mientras que se desarrolla un nuevo proceso de licitación. De esta forma buscó conjurar la amenaza de una parálisis en la producción de este documento y el perjuicio a los colombianos que viajan al exterior.

Este contrato hasta noviembre de 2024 fue asignado por la Cancillería a Thomas Greg & Sons, compañía que desde hace 16 años ha fabricado los pasaportes en el país. A la par, el Ministerio estructuró la nueva licitación, proceso en el cual el pasado 29 de enero hizo el aviso de convocatoria pública.

Se conocieron ayer varios reparos de la empresa Accesos Holográficos, que analiza presentarse nuevamente, pues fue una de las que participó en la fallida licitación y se retiró alegando falencias y supuestos favorecimientos a Thomas Greg & Sons. Manifiesta en esta oportunidad su desacuerdo con que uno de los requisitos a los proponentes es entregar muestras personalizadas con diseños como símbolos patrios, leyendas e imágenes de Colombia.

Sobre esto dice la compañía que "la preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, sino también implica un tiempo muy superior -al mes- con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas”.

Esta compañía agregó que con requisitos como este supuestamente se busca favorecer a Thomas Greg & Sons.

“Vale la pena aclarar que las empresas o grupos empresariales tomamos la decisión de participar o no participar en un proceso licitatorio, a partir de conocerse los pliegos definitivos. Estos requisitos favorecen nuevamente de manera abierta, directa y explícitamente al proveedor actual”, indica Accesos Holográficos.

También la citada compañía rechaza los requisitos que se establecen para certificar la experiencia. Los prepliegos dicen que debe estar respaldada por certificaciones expedidas por la "autoridad emisora de pasaportes del país de origen, cuya experiencia debe versar, según corresponda, sobre suministro y personalización de pasaporte electrónico”.

Al respecto esta empresa propone “que se pueda acreditar la experiencia con certificaciones expedidas por los contratantes bien sean directamente gubernamentales o a través de privados al servicio de un estado”.

En días pasados, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó para la nueva licitación de pasaportes el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Así mismo, la Cancillería invitó a las firmas concursantes que realicen las observaciones que crean convenientes al proyecto de pliegos de condiciones dentro de los plazos establecidos y los canales fijados, para realizar los ajustes correspondientes.

Juicio disciplinario

Este jueves inicia en la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación el juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes.

El Ministerio Público ratificó que ese día el Canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas: las presuntas irregularidades en la licitación y por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

El organismo de control señaló que la consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la Procuradora General de la Nación, trámite esté totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.