La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco), Andrés Alberto Ávila Ávila, por la presunta autorización de millonarios pagos por más de $3.000 millones, lo que generó una desfinanciación en los gastos de funcionamiento de la entidad.

La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122millones.

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La Procuraduría señaló que las partidas no se encontraban presupuestas, no fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, por lo que la Sociedad de Activos Especiales, solicitó la modificación del presupuesto (adición- recursos) para ese año fiscal.

Para el ente de control el presidente de la Sociedad de Activos Especiales habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.