Hasta el próximo viernes está abierto el plazo para la postulación e inscripción de quienes aspiren a las nueve plazas de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, en las dos subsalas que serán creadas para establecer la doble instancia en los casos de investigaciones penales a los congresistas

La convocatoria fue abierta hace 8 días por el  Consejo Superior de la Judicatura para integrar las listas de candidatos destinadas a proveer seis  cargos de magistrado de la Sala Especial de Instrucción y tres  cargos de magistrado de la Sala de Primera Instancia creados en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el Acto Legislativo 1 de 2018.

Según la convocatoria los interesados que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley y que aspiren a ocupar los cargos vacantes deberán inscribirse en una de las dos salas, presentando la hoja de vida y acreditando las calidades mínimas exigidas.

Una vez que los aspirantes se inscriban y presenten la documentación exigida, vendrá el proceso de selección de las hojas de vida de quienes cumplan los requisitos y tengan experiencia relacionada. Posteriormente los mejor calificados serán llamados a entrevista, audiencia pública y luego el Consejo Superior de la Judicatura hará la escogencia y enviará la lista a la Corte Suprema para que realice la respectiva elección de los nueve magistrados.

Colombia era de los pocos países que no contaba con la garantía de la doble instancia para sus congresistas investigados en materia penal, como sí la tienen el resto de colombianos.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte.

Varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia han considerado que se presenta un limbo por esta reforma constitucional que garantiza la doble instancia en los procesos penales a los congresistas, pues el Congreso de la República no tuvo en cuenta un periodo de transición para los procesos que vienen en marcha.