Algunos desmovilizados consideran que no es el momento para que les exijan un informe de cumplimiento

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El pasado 13 de julio fueron citados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) los 31 desmovilizados de la extinta guerrilla de las Farc que hicieron parte del Secretariado y el Estado Mayor Central para iniciar con el delito de secuestro la etapa de reconocimiento de la verdad, responsabilidad y determinación de los hechos en que se vieron involucrados.

Solamente hicieron presencia Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo (Carlos Lozada), los demás fueron representados por sus abogados. Ahora esta Jurisdicción les solicitó un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en esa justicia, sin embargo, 27 de ellos presentaron recursos pidiendo se reconsidere este auto porque a su juicio se está violando su derecho al debido proceso.

En tanto que los cuatro restantes ex integrantes del Secretariado y el Estado Mayor Central de Farc no pudieron ser notificados por la JEP. Ellos son Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (el Paisa); Orlay Jurado Palomino conocido como ‘Hermes Aguilar’; y Henry Castellanos Garzón (Romaña).

También vale recordar que desde hace varias semanas el jefe negociador en La Habana de la entonces guerrilla de las Farc, Luciano Marín, ‘Iván Márquez’, abandonó junto con ‘el Paisa’ la zona de capacitación de Miravalle (en Caquetá). Una situación parecida sucedió con ‘Romaña’ y seis excomandantes de las Farc en diferentes zonas de capacitación en el territorio nacional.

En el caso de ‘Márquez’ y ‘el Paisa’ no se sabe desde que desaparecieron  si continuarán sometidos a la JEP ni tampoco si cumplirán el acuerdo de paz.

Esta situación estaría poniendo a prueba la real capacidad que tiene la JEP de exigir la comparecencia en los momentos que estime necesario y como en este caso con los informes que solicitó a los ex integrantes de las Farc, que se sometieron ante esta Jurisdicción y ante la cual tendrán que responder por los delitos graves que esa organización cometió en el marco del conflicto armado.

Los desmovilizados de las Farc involucrados en delitos graves podrían recibir sanciones no mayores a cinco años de restricción en su movilidad, sin que ello signifique ir a prisión, a cambio de verdad y reparación a las víctimas.

Ello implica para los ex guerrilleros cumplir a cabalidad lo establecido en el acuerdo de paz sobre la obligación de presentarse ante esta justicia; pero también que ellos atiendan los requerimientos y las comparecencias que les imponga la JEP durante las etapas de instrucción y juicio de cada uno de estos procesos, hasta que sea resuelta su situación jurídica.

Los recursos

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas, fueron interpuestos 27 recursos contra el auto del 10 de septiembre de 2018, mediante el cual se les requirió a los 31 comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc-Ep la presentación de un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en la JEP y del mantenimiento de los beneficios jurídicos, dentro del caso 001.

En total fueron presentados 21 recursos de reposición y seis en subsidio de apelación. La Sala de Reconocimiento debe dar traslado de dichos recursos a quienes los presentaron y a los no recurrentes, es decir, a quienes no interpusieron dicha figura ante la JEP.

“Cabe aclarar que la Sala de Reconocimiento decidirá sobre los recursos de reposición, y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz se encargará de las apelaciones debidamente sustentadas. Los recursos de reposición serán decididos en un término de tres días hábiles, contados a partir del vencimiento de la fecha de traslado a los no recurrentes. La Sala de Reconocimiento dará a conocer su decisión en la primera semana de octubre. A su vez, la Sección de Apelación deberá tramitar lo correspondiente, en un término máximo de 30 días hábiles”, explicó la JEP.

Las razones

El abogado de Londoño, Diego Martínez, explicó sobre la decisión de su cliente, quien recurrió en reposición y en subsidio apelación, que  "lo único que ha solicitado las Farc en este proceso es respeto al principio de legalidad, es decir, no se pueden sacar por debajo de la manga solicitudes".

El abogado Martínez, quien también defiende a Catatumbo y Gallo, dijo que “el recurso no pretende dilatar términos ni suspenderlos, el objeto es que consideramos que a la JEP se le está afectando su independencia judicial, producto de las presiones del Fiscal (Néstor Humberto Martínez), está saliendo a violar garantías esenciales”.

Añadió el abogado que hace más de un mes solicitó a la JEP aclarar el procedimiento del caso 001 (secuestros), pero no ha obtenido respuesta, y lo que recibe, en cambio, es la petición de un informe que considera no tiene lugar en este momento del proceso.

Las entidades

En el día de ayer venció el plazo que dio la JEP a varios organismos para presentar un informe, cada uno, sobre el avance de los programas de reincorporación económica y social de los desmovilizados de las Farc.

Las entidades requeridas que presentaron dicho reporte fueron la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización; la oficina del Alto Comisionado para la Paz; la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo; y el Consejo Nacional de Reincorporación.

Presentaron recursos

.Rodrigo Londoño Echeverry

. Pastor Lisandro Alape Lascarro

. Pablo Catatumbo Torres Victoria

. Julián Gallo Cubillos

. Iván Luciano Márquez

. Seuxis Paucias Hernández Solarte

. Rodrigo Granda Escobar

. Abelardo Caicedo Colorado

. Jesús Mario Arenas Rojas

. Jaime Alberto Parra Rodríguez

. Milton de Jesús Toncel Redondo

. Rodolfo Restrepo Ruiz

. Juan Hermilo Cabrera Díaz

. Edgar López Gómez

. Juan Carlos Ramírez

. Jaime Bustos Aldana

. Jairo González Mora