El plazo señalado por la compañía para dejar de operar en el país, en respuesta a la determinación de la SIC, se cumplió a la medianoche

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A partir de hoy Uber dejaría de prestar sus servicios en Colombia. El pasado 10 de enero la plataforma anunció su decisión de retirarse del país luego que la Superintendencia de Industria y Comercio determinara días atrás el cierre de su operación por considerar que incurrió en actos de competencia desleal al prestar de manera irregular el servicio de transporte.

Ayer, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien en días pasados afirmó que el Gobierno apoyará un proyecto de ley con el propósito de reglamentar Uber y otras plataformas, señaló que en los países en lo que esto se ha hecho se han planteado unas condiciones mínimas en relación con licencias de conducción, certificados técnico mecánicos y seguros de los vehículos. “Si va a permitirse que un vehículo particular preste un servicio público, tiene mínimo que reunir unas condiciones. Nosotros ya anunciamos una agenda, hemos iniciado mesas de trabajo, pero salió el fallo de la SIC que es un fallo judicial y nosotros tenemos que respetarlo", sostuvo.

Uber llegó al país en 2013 y desde entonces se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, ante el rechazo de sindicatos de choferes y propietarios de taxis, que en varias ocasiones han protestado en las calles contra sus competidores. La firma estadounidense señaló que tenía más de 88.000 conductores en varias ciudades de Colombia y movilizaba a 2 millones de usuarios al mes.

En el texto en el que anunció su determinación, hace 20 días, la compañía reiteró sus críticas a la SIC al calificar como “arbitraria” la orden para que dejara de prestar el servicio porque “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”. “Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, subrayó.

La aplicación ya dejó de operar en Barranquilla días atrás. “Les deseamos lo mejor durante el próximo carnaval de Barranquilla en este mes de febrero, en el que desafortunadamente ya no les podremos acompañar con un servicio para solicitar viajes más seguros y confiables”, afirmó la plataforma a sus usuarios a través de un mensaje, después de hacer referencia al fallo de la SIC.

Reglamentación

Tras el anuncio de la salida del país, la ministra Orozco afirmó que en la estructuración del proyecto que apoyará el Gobierno se realizarán mesas de trabajo en las que se debatirá “regularizar el servicio, exigiendo unos básicos, que es lo que se tiene que exigir para tener unos servicios de transporte que garanticen la seguridad del usuario”. “Desde el punto de vista legislativo, el Gobierno se ha reunido con los autores de ese proyecto de ley precisamente para tener una agenda de trabajo para, de aquí a marzo, tener unos debates nacionales que involucren regularizar el servicio, exigiendo unos básicos, que es lo que se tiene que exigir para que se pueda prestar un servicio de transporte que garantice la seguridad del usuario”, señaló la Ministra. Cabe recordar que este lunes el presidente Iván Duque indicó frente a la polémica por la retirada de Uber que “no es un tema de tecnologías ni plataformas, es la igualdad en la prestación del servicio” y recordó que su Gobierno busca un país donde la cancha esté equiparada para todos los actores.

En respuesta la compañía señaló que la propuesta planteada por el ejecutivo si bien era primer esfuerzo para reglamentar, no era una solución pues una iniciativa legislativa tomaría como mínimo tres meses y sobrepasaría el plazo anunciado para dejar de funcionar. En ese sentido, pidió al Gobierno la emisión de un decreto de emergencia que definiera reglas temporales para los servicios de transporte. A dicha solicitud el Gobierno ha manifestado su desacuerdo. “Por un decreto no puedo modificar un artículo del Código de Tránsito ni un artículo de la Ley 336. En Colombia existen condiciones claras de registro”, dijo la funcionaria, quien reiteró Uber no puede operar mientras utilice vehículos particulares y no de servicio público. “No podemos ni violar la Constitución ni la ley ni legislar con nombre propio”, subrayó la ministra Orozco.

¿Qué contempla el proyecto?

Entre los elementos que contiene la iniciativa, que es impulsada por los representantes Toro y Ballesteros, está que las plataformas, como Uber, deberán estar legalmente constituidas conforme al ordenamiento jurídico y tener sedes físicas de atención al usuario en las ciudades donde se preste el servicio.

Adicionalmente, crea un registro único nacional y un banco de información, que sería administrado por el Ministerio de Transporte, de todos los conductores y vehículos que utilicen plataformas digitales para garantizar seguridad y seguimiento. Establece también que las empresas deben contratar, bajo su cargo y costo, pólizas de seguros que cubran a los usuarios conductores, los vehículos, los pasajeros y terceros. Señala adicionalmente que en las ciudades y municipios con población inferior 1.000.000 de habitantes, las autoridades locales, de acuerdo a sus competencias en materia de transporte, podrán restringir la prestación del servicio de las plataformas para preservar la sostenibilidad y competencia del servicio de taxi.

Otra iniciativa de autoría del senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que también fue radicada en el Congreso el año pasado, contempla que las plataformas contribuyan con el 50% de los aportes de salud y pensión de los trabajadores y, adicionalmente, cubran sus riesgos laborales.

Tutela

El pasado 15 de enero, fue admitida una tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con la se busca frenar la salida del país de la plataforma. La acción de tutela, aceptada por el magistrado Juan Pablo Suárez, fue interpuesta por un ciudadano que dijo tener una discapacidad de movilidad física. Además, mencionó que encontró en Uber una oportunidad laboral, por lo que pidió anular la decisión de la SIC que ordena a la plataforma suspender su operación en Colombia por competencia desleal. Según el denunciante, la decisión de la SIC viola los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo.