Fiscalía hace reparos a iniciativa de Procuraduría; Contraloría y Gobierno no concuerdan sobre prescripción de investigaciones; habría otros choques

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Uno de los escollos a la vista de la mesa técnica que instaló el gobierno Duque con los diferentes partidos para consensuar y coordinar el paquete de medidas que fue ya radicado contra la corrupción en el Congreso y las que vienen en camino, es la cantidad de proyectos y, más complicado aún, las diferencias sustanciales entre varios de ellos.

Esta semana, el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo radicaron un proyecto contra la corrupción, con responsabilidad penal de las sociedades y empresas que pretendan corromper a funcionarios, inhabilidad para contratar con el estado hasta por 20 años, extinción de dominio exprés y aumento de cinco a 20 años del tiempo para sancionar a servidores públicos.

No obstante, el fiscal Néstor Martínez hizo varios reparos a algunas disposiciones que consideró como inconvenientes de la iniciativa. Vale recordar que hace algunas semanas la Fiscalía presentó al Congreso un proyecto contra la corrupción, que incluye el fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión de pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos de corrupción y obligación de denuncia ciudadana, entre otras.

El proyecto de la Procuraduría para promover la probidad administrativa y combatir la corrupción fortalece su papel en esta lucha y le da facultades extraordinarias en los procesos por este flagelo.

Entre las nuevas facultades que este proyecto dota al Ministerio Público están la utilización de agentes encubiertos para detectar los bienes de redes dedicadas a lucrarse de la corrupción así como la extinción el dominio de bienes obtenidos de esta manera.

Sin embargo, el Fiscal General considera que la extinción de dominio en manos de la Procuraduría podría conducir a “desarreglos institucionales”, pues este mecanismo en la actualidad está en cabeza solo de la Fiscalía.

Propuesta de Petro

Durante la cumbre que sostuvo el Jefe del Estado el pasado miércoles con los diferentes partidos con presencia en el Congreso, el senador Gustavo Petro le entregó una carta con cinco puntos para acabar la corrupción: eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y sustituirla por un tribunal de aforados; crear una Fiscalía Anticorrupción fusionando algunas secciones de la Procuraduría General con el ente investigador; crear una corte para delitos al sufragio; buscar que se limiten los derechos políticos solamente por una decisión judicial; que los recursos del Estado sean recaudados en una cuenta única de Banca Pública; y pasar a una economía basada en la producción.

Es previsible que el fiscal Martínez y el procurador Carrillo no compartan crear una Fiscalía Anticorrupción como lo propone Petro.

También desde ya se puede decir que Carrillo no verá con buenos ojos la propuesta de buscar que se limiten los derechos políticos solamente por una decisión judicial, pues ello choca con la función constitucional que tiene para sancionar y destituir a los funcionarios que cometan faltas disciplinarias graves.

Contraloría

El contralor Edgardo Maya radicó hace varias semanas en el Congreso un proyecto que reforma el proceso de responsabilidad fiscal.

Uno de los apartes de la iniciativa busca precisar los momentos referenciales de la prescripción de la responsabilidad fiscal, con el objeto de señalar que los cinco años previstos inicialmente para la prescripción de la responsabilidad hacen relación con la decisión de primera instancia.

Asimismo, dentro del paquete de proyectos que presentó el Gobierno al Congreso hay uno buscando que los delitos contra la administración pública no prescriban.

El presidente Duque señaló que la prescripción de los delitos relacionados con hechos de corrupción “es una situación que le está haciendo mucho daño al país”.

Centro Democrático

Una de las siete preguntas que más causó polémica de la consulta realizada el pasado domingo, fue bajar el sueldo a los congresistas.

No obstante el tema sigue sobre la palestra ahora que el Gobierno busca consensuar con los partidos un paquete legislativo contra la corrupción. Claudia López quiere que cada una de las siete preguntas se traduzca en proyectos de ley. Entonces la propuesta sobre el salario de los congresistas de los impulsores de esta iniciativa se mantiene en bajar el sueldo de los legisladores, pasando de 40 salarios mínimos actuales a 25 salarios mínimos.

Empero, un proyecto del Centro Democrático pretende congelar el sueldo de los parlamentarios y que se se incremente por el mismo valor en pesos que el salario mínimo durante cuatro años.

De igual forma, en coautoría con Álvaro Uribe, la senadora María del Rosario Guerra radicó un proyecto que hace más eficientes los mecanismos de prevención, investigación, sanción y control de gestión pública.

La iniciativa, entre otros, crea beneficios económicos a quienes denuncien delitos contra la administración pública.

No obstante, el procurador Carrillo ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía por compromiso propio sea vigilante desde su campo del uso sano de los recursos públicos, sin que para ello medien las recompensas que se estilan por la Fiscalía y la Policía.

Carrillo ha señalado que “se necesita es fortalecer un batallón de ciudadanos que luche contra la corrupción, que denuncie, que sea veedor, que crea en las instituciones de control. Yo en lo que estoy firmemente comprometido es que aquí habrá resultados, pero resultados para la ciudadanía, más que figuras que se van levantando y que más adelante pueden demostrar que tienen pies de barro y en eso me refiero en general, a los salvadores que nos hemos inventado”.

Mesa técnica

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó ayer que la mesa de Gobierno y partidos para enfrentar la corrupción tendría nuevos proyectos de ley a mediados del próximo mes.

“Nos queda construir con los partidos políticos un acuerdo y revisar las iniciativas que hay y de aquí al 16 de septiembre debemos tener listos unos nuevos proyectos a los que el presidente Iván Duque les presentará mensaje de urgencia con el fin de que sean normas antes del 16 de diciembre”, señaló.

Para este propósito la Ministra se reunirá con los diferentes partidos, ayer inició con los conservadores. “Me estaré reuniendo con los partidos, la semana entrante está convocado el liberalismo y esa misma semana se llevará a cabo la primera reunión con la mesa técnica en donde habrá un delegado de todas las colectividades”, añadió.