El jueves grupos armados conminaron a los pobladores a abandonar sus veredas

Al menos 120 familias (378 personas) de comunidades campesinas pertenecientes a la vereda Santa Rosa, en zona rural del municipio de Puerto Libertador (Córdoba) y la vereda La Flecha perteneciente al corregimiento Santa Lucía en el municipio de Ituango (Antioquia), se desplazaron hacia el casco urbano del corregimiento Juan José en Puerto Libertador.

Así lo advirtió ayer un informe elaborado por la oficina en Colombia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), con apoyo de la Umaic (Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia) e información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Córdoba, Defensoría del Pueblo, Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (Uariv), enlace de víctimas municipal y autoridades de Puerto Libertador.

Según la OCHA, las familias mencionadas se vieron forzadas a desplazarse ante la presencia y amenazas por parte de los grupos armados en la zona, quienes el 21 de marzo comunicaron a los pobladores que debían abandonar las veredas; la población afectada se está alojando en la casa parroquial del corregimiento y en casas de familiares y conocidos.

Según información socializada en el Comité de Justicia Transicional (CJT), se cree que las familias expulsadas de la vereda La Flecha (Ituango) se movilizaron hacia Córdoba por la cercanía con el corregimiento de Juan José (casco urbano más cercano), y por la contaminación con minas antipersona en la zona de Antioquia donde se ubica esta vereda con afectación.

Se estima que de la vereda Santa Rosa (Puerto Libertador) fueron expulsadas unas 100 familias y de la vereda La Flecha (Ituango) entre 15 y 20 más. Dadas las condiciones geográficas de la zona, el arribo al casco urbano de Juan José se está dando de manera paulatina; por tal razón se prevé que en los próximos días lleguen a este corregimiento el resto de las familias que salieron de sus hogares, y la situación humanitaria se agudice por las constantes acciones armadas que se viven en esta región del departamento.

Necesidades

Conforme a lo informado por la OCHA, los riesgos en protección de los habitantes de esta zona persisten por el accionar, presencia e intimidación de los grupos armados, y la contaminación con minas antipersona en municipios del sur de Córdoba y límites con Antioquia.

Se prevén necesidades en educación en emergencia para los 181 niños y niñas en condición de desplazamiento.

Se conoció que en la zona de donde salieron las familias hay un brote de paludismo, por lo que es necesario realizar exámenes/muestras y atender los posibles casos.

El corregimiento de Juan José presenta actualmente limitaciones de acceso a agua, debido a que la población se abastece con agua de pozos artesanales, los cuales se encuentran secos por el impacto de la sequía propia de la temporada y como efecto del Fenómeno del Niño. En este momento autoridades locales y la Iglesia están suministrando agua potable en bolsa a las familias afectadas, no obstante, de no ser resuelto el suministro de agua se pueden presentar problemas por el saneamiento básico y agravar los problemas de salud.

La Administración municipal ha solicitado apoyo al Ejército con un carrotanque que abastezca de agua, pero este se encuentra fuera de la zona.

Acción humanitaria

El 22 de marzo se llevó a cabo un CJT en el municipio de Puerto Libertador para analizar la situación y coordinar algunas acciones de respuestas, razón por la cual las autoridades locales están atentas. Como resultado de este Comité, la Administración municipal entregará alimentos a las personas desplazadas con un tiempo estimado de duración de cinco días (hasta mañana); también prevé la adecuación de un espacio para alojar y atender a las familias.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral para la Víctimas hace presencia en Juan José desde que ocurrió el desplazamiento apoyando en la coordinación de la respuesta. De igual manera, la Defensoría del Pueblo se encuentra en el lugar apoyando a la Personería municipal con el componente de registro, la declaración y elaboración de censo de los hogares desplazados. También coordinan acciones con la Alcaldía, líderes sociales y organizaciones de base en la atención de la emergencia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió a prestar atención psicosocial y restablecer los derechos de los niños y niñas afectados, e igualmente se comprometió a suministrar bienestarina líquida.

Entre el viernes y ayer la organización Terre des Hommes (TdH) entregó también alimentos a la población desplazada.

Coordinación general

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió una solicitud del Secretario de Gobierno del municipio de Puerto Libertador para asistir con comida a las personas desplazadas y mitigar la emergencia; mientras se realiza la gestión, se prevé que este apoyo se empiece a brindar desde el 29 de marzo.

El ELC Córdoba sigue monitoreando la situación, y dispuesta a seguir atendiendo y coordinando acciones de respuesta complementaria de ser necesario.