Solo 6 de 15 secretarías tienen procedimientos para recepción de quejas: Veeduría

En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, la Veeduría Distrital dio a conocer que desarrolló, y que está implementando, el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel (MDAN), de manera conjunta con la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República.

Esta es una herramienta innovadora y expedita que está concebida para identificar de manera preventiva prácticas corruptas en el proceso de licitación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, y que actuará con el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, así como con el Instituto de Gobernanza de Basilea.

¿Qué tanto denuncian las entidades?

De acuerdo con la Veeduría Distrital, solo seis de las 15 secretarias del Distrito cuentan con lineamientos o procedimientos para la recepción y trámite a través de canales virtuales, telefónicos y presenciales, de denuncias.

Esta fue la conclusión a la que llegó la entidad tras realizar un diagnóstico sobre los canales de denuncia y los procedimientos de protección al denunciante de posibles actos de corrupción en las 15 secretarías distritales, a pesar de la existencia de un canal distrital en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, “Bogotá Te Escucha”, así como de la opción uno en la Línea 195 para denunciar.

Los canales de denuncia se convierten en aliados esenciales para prevenir y detectar prácticas corruptas, si son utilizados e instrumentalizados en forma correcta. Son una herramienta central en la creación de una cultura de denuncia cuando garantizan una ruta clara, celeridad en el trámite y medidas de protección.

En la primera medición del Índice de Transparencia de Bogotá ITB 2016-2017, en el indicador denominado, Gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción, las 34 entidades evaluadas obtuvieron un promedio de 59 sobre 100 puntos, identificando que, 31 de las 34 entidades no cuentan con lineamientos de protección al denunciante y 16 no tienen lineamientos o protocolos de custodia de los datos de los denunciantes que garanticen el anonimato.

En la última Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional EDID (DANE 2018), se identificó para la ciudad de Bogotá que, el 53% de los servidores públicos encuestados, afirmaron que no denunciarían un caso de corrupción por varias razones como temor a ser objeto de represalias laborales (13%); por la ausencia de mecanismos de denuncia que garanticen la protección del denunciante (12%); por ausencia de investigación y/o castigo (11%); por temor a ser víctima de represalias contra su integridad o vida (9%); por desconocimiento del procedimiento para hacer la denuncia (7%), o por la complejidad de los trámites a la hora de hacer una denuncia (1%).

Por todo lo anterior, la Veeduría Distrital viene construyendo una herramienta cuyo objetivo es el de establecer lineamientos para fortalecer los canales de denuncia y protocolos de protección al denunciante para ser incorporados en los manuales de procedimiento de servicio a la ciudadanía. 

Finalmente, ayer la Veeduría le recordó a la ciudadanía que, de llegar a conocer alguna irregularidad o posible hecho de corrupción, puede contactar a la entidad, llamar a la línea anticorrupción, o hacer la denuncia de manera presencial en la sede de la Entidad.

Implementar canales de denuncia

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Uncac) y la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cuales Colombia hace parte, han señalado la importancia de implementar canales, herramientas y legislaciones que busquen proteger a los denunciantes de hechos de corrupción, así como la capacitación y difusión de los canales disponibles.

Esto cobra mayor relevancia para el Distrito, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó en el caso de un servidor público del Distrito Capital, en un proceso que ha tomado más de seis años, que el Estado vulneró sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, luego de que denunciara actos de corrupción en su entidad.

Aunque el Estado realizó un acto de reconocimiento de la responsabilidad, es inaplazable la implementación de medidas de protección personal y laboral ante amenazas o represalias que garanticen las condiciones adecuadas para la denuncia de actos de corrupción.