La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió dos procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en los contratos de obra del Aeropuerto Internacional de San Andrés y el Aeropuerto el Embrujo en la isla de Providencia.

En el caso del Aeropuerto el Embrujo en la isla de Providencia, la apertura de proceso se genera por $1.552 millones, por irregulares detectadas en la ejecución del contrato de obra No. 19001313 H4 de 2019, suscrito el 17 de diciembre de 2019, cuyo objeto consistía en "realizar la construcción de la torre de control del aeropuerto el Embrujo de Providencia".

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Los hechos irregulares que motivaron la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se concretan por pagos efectuados al contratista por una obra que no fue culminada y que no es funcional. Además está el hecho de no amortizar el anticipo girado al contratista de obra, daño que se estimó inicialmente en cuantía de $1.552.802.072, por la no entrega de los estudios y diseños en las condiciones establecidas en el contrato y por el continuo y creciente atraso en la ejecución de parte del contratista, tanto en la etapa de estudios y diseños como de las obras.

Proceso Aeropuerto de San Andrés

En el caso del Aeropuerto Internacional de San Andrés, la Contraloría General dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $563.337.119, con ocasión de la perdida de los recursos públicos invertidos en el contrato de obra cuyo objeto consistió en “realizar la Rehabilitación de la Plataforma. Estudios, Diseños y Construcción de la vía interna, mantenimiento lado tierra y aire del aeropuerto internacional de San Andrés”.

Los hechos irregulares que motivaron la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se establecen por la afectación del patrimonio público invertido en la rehabilitación del aeropuerto, el cual presentó un deterioro prematuro del concreto rígido, evidenciando patologías como fisuras, grietas, descascaramiento y desportillamiento en juntas de dilatación, entre otras.

Esto puso en riesgo la inversión realizada y los niveles de servicio del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. La lesión del patrimonio público se estimó inicialmente en cuantía de $563.337.119, a causa de los daños estructurales prematuros en las losas de concreto de plataforma y vía de acceso. En este proceso de responsabilidad fiscal se decretaron medidas cautelares contra los implicados. 

Sobre estos dos procesos, la Contraloría General resalta su preocupación teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil es la responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, es decir, debe la infraestructura aeroportuaria permitir que la operación se realice de forma segura, eficiente y funcional.