UN TOTAL de 110 hallazgos, 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos encontró la Personería de Bogotá en la intervención de la malla vial local realizada en 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto, en este periodo de 350.000 millones de pesos.

El Ministerio Público Distrital evidenció posible falta de planeación en los procesos contractuales en la mayoría de las localidades, lo que generó grandes retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, exclusión o inclusión de segmentos viales a intervenir, mayores costos, cobro de sectores sin terminar y deficiente calidad en varios tramos entregados, entre otras.

La Personería realizó una muestra aleatoria visitando cerca de 255 segmentos viales, de los 1.803 contratados, encontrando graves retrasos en su ejecución en especial en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. También fisuras, empozamientos, mal estado o deterioro de algunos sectores intervenidos, como se observó en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe, entre otros, que dieron lugar a hallazgos disciplinarios y fiscales.

Improvisación

La mayoría de contratos no tenían claridad ni precisión de las vías y el tipo de intervención, lo que dio lugar a constantes modificaciones con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales, por falta de planeación y de estudios técnicos.

En Usaquén se excluyeron el 67% de los segmentos viales contratados para su intervención. En Kennedy 50 tramos planeados no se intervinieron, sin que se conozcan los motivos.

En Barrios Unidos, Teusaquillo y Tunjuelito se incluyeron segmentos que debía llevar a cabo el Instituto de Desarrollo Urbano. En Ciudad Bolívar y Usme se quitaron varios sectores porque ya habían sido intervenidos en años anteriores, denotando falta de planeación. Casos cercanos ocurrieron en Rafael Uribe donde se descartaron tramos viales debido a que se encontraban en buen estado.

Demoras

De acuerdo con el informe de la Personería, las alcaldías locales suscribieron y adicionaron una serie de contratos de obra para la intervención de unos 1.803 segmentos viales, de los cuales, a mediados de 2023, solo habían intervenido 890, es decir, el 49%.

Las ejecuciones más bajas se presentaron en Antonio Nariño con 8%, Chapinero 8,33%, Puente Aranda 25% y Kennedy 29,1%, pese a la urgencia de la intervención de la malla vial, generando a los ciudadanos dificultades para su movilización.

Se encontró un alto número de suspensiones y prórrogas. En Antonio Nariño se prorrogó en un 100% el plazo inicialmente acordado. En Chapinero se amplió en 6 oportunidades la suspensión del contrato de obra. Suba suspendió en 4 ocasiones el contrato y se prorrogó en una oportunidad. Rafael Uribe Uribe estipuló un plazo de 9 meses, pero llevan 40 en ejecución.

Entre tanto, en Fontibón suspendieron el contrato por incapacidad médica del jefe de presupuesto de la alcaldía local lo que generó retrasos en la intervención vial.

¿Sobrecostos?

En materia fiscal se establecieron presuntos pagos por encima del 50% de los costos de las obras contratadas, como ocurrió en Los Mártires. En Rafael Uribe Uribe se pagó la interventoría por el 15%, del valor del contrato de obra, cuando lo razonable en contratación pública es hasta un 10%.

Las deficiencias en los estudios técnicos dieron lugar a mayores costos de las obras en Barrios Unidos, allí modificaron en un 90% los costos de intervención y el cobro de segmentos viales sin terminar.

En Usaquén, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Chapinero y Tunjuelito hubo intervención de segmentos que aún tenían, posiblemente, garantías vigentes.

En conclusión, se observaron deficiencias en el desarrollo de la política pública dirigida a mejorar la malla vial local e intermedia, situación que, posiblemente, lesiona el patrimonio público, pero también afecta a los capitalinos quienes ven limitada su movilidad, el acceso a sus casas o negocios, la calidad de vida y la efectividad y garantía de sus derechos.

Los resultados de estas acciones de prevención y control fueron trasladados internamente al eje disciplinario de la Personería, así como a la Contraloría de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de acuerdo a sus competencias, inicien los procesos que consideren procedentes.