Afirmando que es un error contar como reclamantes de tierras a todos los desplazados que han tenido los Montes de María, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, respondió al informe del recién creado observatorio sobre el proceso de devolución de propiedades a las víctimas de la violencia del que hacen parte cinco universidades.

 

Tras revisar las conclusiones del documento, Sabogal dijo que es “un error” pensar que este caso refleja la realidad en cuanto a las reclamaciones en todo el país, ya que “un gran porcentaje de esta población regresó a sus tierras sin necesidad de ir donde un juez”.

En entrevista con este Diario, el funcionario desmintió que en la región de los Montes de María se esté presentando un ‘trancón’ de solicitudes y que su restitución demorará unos 100 años como lo afirmó el reporte.

El funcionario afirmó que en esta zona, que fue tomada como base para la investigación, tienen cerca de 3.000 reclamaciones y se han restituido cerca de 2.000 hectáreas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué observaciones hace sobre el informe?

RICARDO SABOGAL: A nosotros no nos fue presentado el informe. Lo miramos y vemos que él centra su análisis en una zona determinada del país que son los Montes de María. Coge información del número de personas que se desplazaron durante un tiempo determinado que tenía registrado Acción Social y ahora la Unidad de Víctimas. Dice que todos estos desplazados necesitan restitución, lo que significaría un montón de años.

El error que vemos en la construcción teórica es pensar que todos los desplazados de los Montes de María requieren restitución. Esa es una premisa falsa porque los desplazados de Los Montes de María, en su gran mayoría, ya volvieron a sus tierras porque encontraron condiciones de seguridad. Entonces estas personas no requieren proceso restitutivo. Realmente los que necesitan son los que tienen problemas con la tenencia de la tierra. Allí hay un esfuerzo muy grande del Estado y de la empresa privada.

ENS:¿Hoy en día se contemplan aquellos afectados nuevos que ha dejado el conflicto armado?

RS: A la Unidad le están llegando reclamaciones de personas que perdieron sus predios antes y después y el tema de las fechas no es una limitante. La norma es muy clara, la Ley aplica desde 1991 hasta el 2021. Como se viene aplicando en medio del conflicto, la norma permite que se conozcan despojos con posterioridad a la aprobación de ella.

ENS: ¿Cuál es la situación de restitución en Montes de María?

RS: En Montes de María tenemos cerca de 3.000 reclamaciones y estamos estudiando cerca de 2.000. Hemos restituido en esa misma zona un poco más de 2.000 hectáreas; el proceso allá funciona muy bien. A diferencia de lo que afirma el profesor no creo que nos demoremos 100 años, yo calculo unos seis.

ENS: ¿Descarta un embudo en el proceso?

RS: En la oficina del Carmen de Bolívar no tenemos colas. Se están estudiando las reclamaciones, se está yendo predio a predio porque la historia de cada familia es diferente y la Unidad requiere ir allí para saber si es despojado o no. Esto lo venimos haciendo a un buen ritmo. No vemos que eso esté afectando el proceso.

ENS: No obstante usted dice que la prolongación del conflicto afectaría el programa…

RS: Hay un tema que no lo toca el estudio. Si hay condiciones de paz se puede hacer en un tiempo prudencial, pero si no hay paz, de pronto los 100 años de los que habla el informe resulten poquitos. Pero si hay paz el proceso se va a agilizar.

ENS: ¿Qué opina de aplicar la Ley a través de una combinación de un sistema modulado y uno masivo?

RS: Mientras no haya condiciones de paz en el país es imposible hacerlo masivamente. Eso no es realista. Eso está bien académicamente, está bien para un centro educativo, pero la realidad dista mucho de lo que uno puede hacer. Como ejemplo, los factores de orden público que afectan la región del Bajo Cauca no son los mejores y tenemos que esperar a que la situación de orden público se normalice. De igual manera en algunas zonas del Urabá. En algunos puntos no es posible hacer restitución. Decir que vamos a hacerlo masivamente no es honesto.

ENS: ¿Para usted cuáles son los puntos débiles de la Ley?

RS: La Ley no es perfecta, tiene cosas que se han ido ajustando. Vemos en la propuesta del senador  Luis Carlos Avellaneda que hay unos buenos elementos. Él dice que en los procesos en que el reclamante no tenga un contradictor, no sean llevados ante un juez sino que sean resueltos por el mismo Gobierno a través de la Unidad de Restitución. Eso nos parece viable.Nosotros como Gobierno vemos que esta Ley con la de Extinción de Dominio, con  la de Justicia y Paz no hay punto de comparación. La de Restitución está dando muy buenos resultados. La gente está volviendo a la tierra, se le están quitando tierras a las mafias y se les está dando a los campesinos. Este proceso, comparado con otros en el mundo, es un ejemplo, por la rapidez con la que lo estamos haciendo y con lo efectivo que está resultando el proceso.

ENS: ¿Cómo va el déficit de jueces de restitución de tierras?

RS: Eso lo maneja el Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros nos reunimos periódicamente con ellos, hemos hecho algunas observaciones en las que les proponemos ajustes, pero es una decisión de ellos.

ENS: ¿Cómo están de presupuesto?

RS: No hemos tenido dificultades presupuestales. Cuando se aprobó la Ley se dispuso de los recursos necesarios para su implementación. Hay un Conpes aprobado que garantiza los recursos. Las dificultades de la restitución son de otro tipo.

 

¿Qué dice el informe?

El informe revelado por el Observatorio de Regulación de Restitución de Derechos de Propiedad Agraria de las universidades del Rosario, Nacional, Norte, Arboleda y Sinú, presentado la semana pasada, afirma que la Unidad de Restitución de Tierras no podrá cumplir sus metas debido al trancón de reclamaciones que se presenta en la actualidad.

Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observartorio presentó las conclusiones del Primer Informe del Sistema de Alerta de Riesgos (SAR) en el que advirtió que el modelo de la atención por ventanilla a las víctimas está generando un represamiento en las solicitudes.

"La Ley 1448 y su implementación ha tenido efectos positivos, pero el diseño de restitución, estilo ventanilla, está creando cargas prohibitivas sobre el Estado por lo que no hay la menor posibilidad de que se cumpla el plazo de 10 años. Eso implicaría pensar el rediseño de la política", señaló el profesor. De seguir esta situación, la restitución tardaría cientos de años.

El informe precisa que a los reclamantes que el Gobierno estimó atender, se suman desplazados que no habían solicitado su derecho y las víctimas que se han originado después de la entrada en vigencia de la norma.

Explicó el catedrático que "la cola de la restitución es bastante compleja y está constituida al menos por dos grandes procesos anidados: los municipios haciendo fila para la microfocalización y los reclamantes de los municipios microfocalizados haciendo fila para ser atendidos".

El Director del Observatorio añadió que en el caso de los municipios de los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre, región que se tomó como zona de investigación, la fila es en promedio de 3.330 personas, con una tasa de atención de 0,75 personas.

"No se trata de un problema de desempeño institucional sino del diseño que lo impacta, y es por esto que es fundamental hacer ajustes, ya que esta es una política extraordinariamente importante para el país y necesita ser preservada y desarrollada a toda costa", enfatizó Gutiérrez.

 

 

Recomendaciones

Las siguientes son las recomendaciones del Observatorio, compuesto por cinco universidades: El Rosario,  Nacional, Norte, Arboleda y Sinú:

·       Diseñar una política nacional contra el desplazamiento forzado;

·       Reconsiderar la restitución predio a predio y modular el principio de gradualidad con el de masificación, correspondiente a las especificidades del despojo (ampliamente documentadas) que tuvo lugar en Colombia;

·       Desarrollar una amplia labor de información y diseminación entre la población desplazada acerca de la ley y desarrollar mecanismos de evaluación del número de desplazados que efectivamente perdieron tierra;

·       Retornar la política de restitución al primer lugar de la agenda en la política pública; y

·       Reacomodar las expectativas y demandas financieras al tenor de la experiencia que se ha tenido con la restitución realmente existente.

 

 

 

50.000 reclamaciones

A la fecha la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido alrededor de 50.000 reclamaciones que ascienden a 400.000 hectáreas. De ellas están en trámite 13.000. El programa se ejecuta en 18 departamentos y se han resuelto más de 800 casos.

 

Cobertura

La entidad hace presencia en 17 de los departamentos más afectados por esta problemática. En esas regiones jueces de la República y magistrados atienden las reclamaciones. En 86 zonas donde hay condiciones de seguridad  los trámites de restitución se están adelantando.