La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas como presunto responsable de los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos por  hechos ocurridos en 2009 y el primer semestre de 2010.

El escrito de acusación advierte que Moreno Rojas determinó al entonces Secretario de Salud, Héctor Zambrano Rodríguez para que aceptara con su hermano Iván Moreno Rojas, varios concejales, el personero Distrital y el contralor de Bogotá de la época; promesas remuneratorias del beneficiario del contrato del 30 de septiembre de 2009 entre esta Secretaría y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá.

Según las investigaciones, el dinero recibido fue calculado en un 9 por ciento del valor total del contrato firmado por 67 mil 200 millones de pesos,  suma repartida entre Zambrano Rodríguez, el concejal Hipólito Moreno y los procesados, el contratista Emilio Tapia Aldana y el empresario Federico Gaviria.

La Fiscalía considera que se vulneraron los principios de selección objetiva, responsabilidad y economía previstos la contratación pública y que serán corroborados con la introducción al juicio de 213 documentos, 75 testigos y tres peritos convocados por el ente de investigación penal.

“Moreno sin tener dominio pleno del hecho, fue el que produjo la idea para así obtener un beneficio económico propio, toda vez que estaba al tanto de reuniones donde se negociaban los porcentajes que debían pagar las empresas beneficiaras de los contratos” señaló el fiscal del caso.

La modalidad de la conducta expresada en la acusación advierte que Moreno Rojas incurrió en un dolo directo en cuanto autorizaba, pedía, controlaba y recibía los beneficios de las adjudicaciones a los contratistas que le convenía.

“El exalcalde lesionó el bien jurídico de la administración pública, al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión y a la vez lo hizo sin una causa justificada” sostiene el escrito de acusación.

Moreno Rojas se expone a una pena de 80 y máxima de 216 meses de prisión y al pago de entre 66 a 300 salarios mínimos legales vigentes de multa. Como circunstancia de agravación punitiva se tendrá en cuenta su posición distinguida en la sociedad, su cargo y posición económica.

Sin embargo el exmandatario carece de antecedentes penales,  lo cual será tenido en cuenta por la juez en caso de proferir sentencia condenatoria.