Los debates sobre el proceso de paz están a la orden del día. No hay jornada en que este tema se ausente de la agenda nacional y prácticamente el país está polarizado a su alrededor.

Por ejemplo, reacciones encontradas suscitó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de cobijar con beneficios jurídicos a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional inmersos en procesos jurídicos derivados del conflicto armado.

Para unos sectores castrenses (sobre todo de los oficiales retirados), la decisión presidencial beneficia con justa razón a los uniformados inmersos en procesos judiciales por delitos relacionados con el servicio o por equivocaciones en los procedimientos.

Pero para otros sectores, el Gobierno no puede comparar el accionar de los militares y policías, algunos equivocados en su proceder, con los miembros de las Farc y del Eln, que han cometido crímenes atroces, están involucrados en actividades de narcotráfico, homicidios, secuestros y extorsiones, entre otros.

Lo que es claro es que en el Marco Legal para la Paz hay herramientas que permitirían aplicar esa clase de beneficios en el marco de la justicia transicional, si así se determina en el escenario de un proceso de paz.

 

Razones del Gobierno

 

Las expresiones del Gobierno frente a este tema son cada vez más constantes. El presidente Santos ha dicho que la paz y el perdón debe cobijar a todos, y no ha excluido de ello a los militares y policías condenados.

El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo esta semana que “los miembros de las FF.MM. y de la Policía que tienen condenas por situaciones jurídicas graves, consecuencia de sus actos de servicio en el marco del conflicto también tendrían algún tipo de beneficios jurídicos”. Obviamente ello en caso de que se firme el proceso de paz.

El jefe del equipo negociador de La Habana, Humberto de la Calle, visitó el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, junto con Sergio Jaramillo, Alto Consejero de Seguridad Nacional, así como dos de los negociadores con las Farc: el excomandante de las Fuerzas Militares, general  (r) Jorge Enrique Mora Rangel y el ex director de la Policía, general Óscar Adolfo Naranjo.

De la Calle afirmó que el Gobierno nacional y los colombianos no olvidarán a quienes entregan su vida e integridad por el país. "El compromiso de Colombia no puede terminar ahí. Con estos señores que se han jugado la vida por nosotros, esto tiene que ser permanente, eterno y lo que aspiramos es a eso, a que termine el conflicto", subrayó.

Los mandos castrenses se han abstenido de opinar en profundidad sobre este aspecto, aunque en privado advierten que si hay beneficios para quienes han violentado la ley, debería aplicarse simetría en cuanto a los uniformados condenados por delitos relacionados con el conflicto armado.

El propio comandante de las FF.MM., general Alejandro  Navas, aseguró que con esos posibles beneficios no habrá espacio para la impunidad. “Estaríamos dispuestos a recibir una simetría jurídica sin perder la dignidad de soldados de la patria, teniendo en cuenta que los posibles delitos que se hayan cometido ocurrieron en el conflicto”.

Precisó que esos beneficios jurídicos para la Fuerza Pública “serían justos y equitativos en una sociedad que busca un equilibrio para construir una paz sólida y duradera”.

Aseguró que corresponde al Gobierno y al Ministerio de Defensa determinar los tiempos y protocolos para estos beneficios consagrados en la voluntad presidencial.

Por su parte, el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, aclaró que estos eventuales beneficios no se discuten dentro de la mesa en La Habana, pero tienen que estudiarse a futuro en un escenario de postconflicto.

"Yo creería que algo de ello va a discutirse, pero no como parte de esos acuerdos, sino como el futuro de la hoja de ruta que debe seguir la Nación para sus próximos años", dijo Mantilla.

Dijo que “entiendo que esa iniciativa partirá del Ministerio de Defensa, una vez concluyan los diálogos en La Habana”.

Así mismo, el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, precisó que el Presidente de la República “ha indicado que los beneficios son también de igual manera para los militares y los policías que tuvieron acciones durante este conflicto”.

 

El no de Bedoya

 

Sin embargo, en el sector de los militares retirados, en donde se puede hablar con mayor libertad, las opiniones están divididas.

Para el excomandante de las Fuerzas Militares y excandidato presidencial, general en retiro, Harold Bedoya, es necesario “pedirle al Presidente que aclare de qué se trata el anuncio de beneficios jurídicos para los miembros de la Fuerza Pública, en una eventual firma de la paz con las Farc”.

“No sé qué tipo de beneficios jurídicos pueden recibir los militares que en este momento son investigados, ya sea en primera o segunda instancia o en casación en la Corte Suprema de Justicia. Hasta donde sé son muy pocos los uniformados que están condenados, porque los demás están en pleno proceso”, expresó.

Insistió en que los militares y policías inmersos en procesos judiciales son “héroes de la patria que en su gran mayoría están siendo juzgados y encarcelados gracias a testigos falsos y sindicados de delitos que no han cometido”.

Aseguró que “colocar en la misma cesta o canasta a héroes de la patria con terroristas y narcotraficantes del estilo de los cabecillas de las Farc es atentar e ir contra la moral de nuestros soldados y policías”.

Dijo que con esa iniciativa presidencial, “más que beneficios son perjuicios morales para las Fuerzas Militares”.

“Pero no vayamos más lejos, miremos el caso del coronel Alfonso Plazas Vega, cuyo juicio no ha terminado porque está en casación en la Corte Suprema de Justicia… Mientras él está en la cárcel, los guerrilleros del M-19 que ingresaron a sangre y fuego al Palacio de Justicia gozan de plenos beneficios jurídicos y políticos e incluso ocuparon ministerios, gobernaciones y alcaldías”, acotó.

Reiteró que “si vamos a equiparar a Plazas Vega con alias Timochenko, imagínese la monstruosidad moral y monstruosidad jurídica que eso representaría”.

Aseguró que “es necesario no olvidar que estamos jugando con candela. Los héroes de la patria nada tienen que ver con el interés político de los delincuentes que sí están condenados, porque hablamos de miembros de las Farc o del Eln que tienen más de 40 ó 50 condenas por incurrir en delitos atroces, delitos de guerra, narcotráfico, homicidio en persona protegida, secuestro, extorsión, acciones terroristas, entre otros crímenes”.

Puntualizó que “ojalá el Gobierno nacional no vaya a cometer ese error. Es decir, otro de los tantos errores que se cometen, como los que están ocurriendo hoy en día”.

Reiteró que “al único beneficio jurídico que un militar puede aspirar es a que se haga justicia. Los miembros de la Fuerza Pública siempre claman por la justicia, son defensores de la justicia y son garantes de la justicia…”.

 

Falta claridad

 

Para el ex director de la Policía Antinarcóticos, general Gustavo Socha Salamanca, hasta el momento el presidente Santos no ha hecho claridad sobre la clase de beneficios jurídicos y a quiénes cobijaría.

Advirtió que es necesario tener mucho cuidado cuando se emiten esta clase de opiniones, porque se debe tener en cuenta que Colombia es un país adscrito al Tratado de Ginebra y, además, está todo lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad y los compromisos en materia de tratados sobre justicia y derechos humanos.

“Hay unos temas, que son supranacionales y supraconstitucionales, que Colombia tendrá que observar siempre dentro de las negociaciones y dentro de la legislación interna que deben primar. El Gobierno debe privilegiar esos compromisos de orden internacional, de esos convenios en que el país se ha comprometido y ratificado”.

Reiteró el general en retiro que es necesario observar a qué beneficios jurídicos se está haciendo alusión, para conocer y opinar concretamente, porque en este momento no hay claridad del Gobierno ni de los delegados en La Habana.

 

Voces a favor

 

El exdirector ejecutivo de la Asociación del Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional (Cidenal) y miembro de la junta directiva de la Corporación Promotora de Paz, general (r) Henry Medina, se mostró de acuerdo con los anuncios de Santos.

“Estaría de acuerdo con esta iniciativa, pero desconozco la opinión del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares de la Reserva Activa”, señaló.

Explicó que “el anuncio presidencial es justo para que no se vaya a repetir lo que sucedió con el caso del Palacio de Justicia, en donde a los del M-19 después del indulto y de la amnistía les dieron todas las posibilidades políticas. Es decir, que mientras que los que estuvieron allá, en el Palacio de Justicia, en forma directa o indirecta, como Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro, entre otros, recibieron todas las garantías y posibilidades para ser ministros, gobernadores, alcaldes, senadores y candidatos a la Presidencia, los militares están pagando 30 y 35 años de prisión”.

“No hay equidad entre los que están defendiendo la legitimidad del Estado y la democracia y quienes pretenden subvertir el orden. Entonces es un trato totalmente inequitativo”, acotó.

Aclaró que “hasta ahora se trata de una propuesta, no hay una reglamentación ni se sabe cómo vaya a quedar, pero creemos, en principio, que esos beneficios cobijarían a aquellos delitos en razón con el servicio, durante el servicio o como causa del servicio y en razón del mismo, pero no a delitos comunes, como el caso del oficial que violó a una niña y luego la mató”.

Expresó que “esos delitos comunes y los cometidos fuera del servicio no pueden ser cobijados con esos beneficios jurídicos de los que está hablando el Presidente”.

 

“Es justo”

 

El director del Instituto de Asuntos Estratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, general en retiro Gustavo Rosales, se mostró de acuerdo con la iniciativa presidencial de otorgar beneficios jurídicos a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía inmersos en delitos relacionados con el orden público.

“Es justo que esa iniciativa cobije a las Fuerzas Armadas que la requieren en este momento”, precisó.

“Aquí se concederían a los insurgentes unos beneficios jurídicos y de esa misma manera deben ser concedidos a los soldados, suboficiales, oficiales y agentes que por cualquier razón relacionada con el servicio hoy están incursos en un delito, pero siempre y cuando que no sea de lesa humanidad”.

Agregó Rosales que este anuncio es “un acto de justicia y ojalá se desarrolle como uno de los puntos principales si se llega a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el Gobierno nacional. Pero entiendo que los beneficios jurídicos serían estudiados y analizados después de la firma en el Ministerio de Defensa y ese procedimiento está bien”.

 

Otro no

 

Quien no está de acuerdo es el ex comandante de la FAC y ex presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares de la Reserva Activa, general (r) Héctor Fabio Velasco.

“La percepción que tengo y la de la mayoría de los militares en servicio activo y en retiro es que no nos gusta por ninguna razón que nos pongan al mismo nivel con esos bandidos narcoterroristas. Nosotros nunca hemos pedido perdón ni buscado indulgencias. Lo que no queremos es que haya impunidad y lo que queremos realmente es que se nos haga justicia, ese es el objetivo”.

Insistió que “lo que pedimos todos los militares y los soldados, suboficiales y oficiales en servicio activo y retiro que están procesados, y que están detenidos injustamente en espera de un pronunciamiento judicial a pesar que se sabe que son inocentes, es que se haga justicia”.

Reiteró que “son muy diferentes los crímenes que cometieron, así haya compañeros que están equivocados, porque nosotros hemos defendido al Estado, a las instituciones y al pueblo colombiano. Pero, en ejercicio de esa defensa hay mucha gente presa e injustamente condenada”.

Acotó que unos uniformados cometieron errores por excesos como consecuencia de la degradación del conflicto, mientras que otros cometieron errores que “no justificamos y por ello nosotros no pedimos ninguna condonación”.

Agregó Velasco que “esos señores de las Farc deben responder por sus crímenes, porque una verdadera paz debe ser basada en la justicia, porque de lo contrario no habrá paz y sí resentimiento, no solamente en muchos militares sino en la misma población civil víctima inerme de los actos terroristas de estos guerrilleros”.

 

“Es ofensivo”

 

El general ( r) Juan Salcedo Lora, director de Cidenal y ex presidente de Acore expresó que es ofensivo y afecta la dignidad de los servidores del Estado “colocar a miembros de la Fuerza Pública en el mismo nivel con los criminales corrientes”.

“Los beneficios de que habla el Primer Mandatario se darán antes e independientemente de las conversaciones en La Habana. La razón es que ese tema no hace ni hará parte de la agenda allá discutida”.

Explicó que “las iniciativas de beneficios para la Fuerza Pública están en pleno proceso, no tan rápido como se quisiera, pero en lo salarial, salud y jurídico se siguen rutas que esperamos concluyan. El proceso de La Habana se supone que concluye antes de terminar el año y algunos procesos favorables para la Fuerza Pública, no alcanzarán a salir antes de ello”.

Salcedo Lora insistió en que “los beneficios jurídicos de los que habla el jefe de Estado se supone se aplicarán en las instancias normales, siempre y cuando no se sigan dando los casos de falsos testigos y testimonios, que es lo que es permitido en casi todos los casos, llegar a sentencias condenatorias aún no ejecutoriadas”.

“Pero si se va a aplicar una justicia transicional que pasa por encima de parámetros internos y externos, empleando el Marco Jurídico para La Paz, se cae de su peso que quienes están incursos dentro de la Fuerza Pública por error, por exceso, o inclusive dolosamente en el cumplimiento de sus funciones, tendrán un tratamiento justo y apropiado, con la aplicación de justicia transicional”, precisó.

Aseguró que “en ningún escenario se podrán colocar los miembros de la Fuerza Pública con los criminales corrientes. La comparación es ofensiva y afecta la dignidad de los servidores del Estado que, aun incursos en delitos, los llevó a ello el deseo de salvar las instituciones de la depredación de los antisociales. Los motivos de cada sector son totalmente diferentes y la calidad de la responsabilidad y juzgamiento también”.

Acotó que “por fortuna las tropas están demasiado comprometidas en la persecución y acciones contra todo tipo de criminalidad, para estar sopesando iniciativas etéreas… Ellos como siempre, confían en sus mandos naturales, especialmente el alto mando, el Ministerio de la Defensa y el propio Santos”.