Al tiempo que poco a poco crece a nivel nacional la recopilación de documentos que tienen que ver con hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, los cuales tienen que servir para integrar un archivo según lo establece la Ley de Víctimas, aún no está claro a dónde y cómo va a quedar consignada esta información.

El pasado mes de marzo, 15 meses después de que entrara en vigor la Ley de Víctimas (1448 de 2011), el Archivo General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica se comprometieron en la creación e implementación de un protocolo de política archivística y de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Sin embargo es tal la cantidad de documentos que se prevé se recopilarán durante los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas aportados por la población e incluso por las entidades del Estado, que es necesario establecer protocolos de manejo sobre diferentes aspectos como el volumen de información que se llegaría a recoger, que podría alcanzar los 18 millones, y qué clase de información tiene el real valor de aportar al objetivo final de esta parte de la Ley de Víctimas, que es recopilar y preservar la memoria del conflicto para que esté disponible a la ciudadanía y que no quede en el olvido la gran tragedia que ha cobrado la vida de más de 200 mil personas y ha dejado más de 6 millones de víctimas.

La Ley de Victimas estableció de forma general cómo se desarrollaría este proceso de recuperación de la memoria del conflicto, en primera instancia con la creación del Centro de Memoria Histórica que tiene como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativo a las violaciones en el marco del conflicto.

Entre las tareas que tiene el Centro de Memoria Histórica está también diseñar, crear y administrar un museo de la memoria destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia.

Por otra parte, el Archivo General de la Nación también tiene un papel importante en este tema como ente rector que es a nivel nacional de la función archivística en lo que tiene que ver con las entidades del Estado.

Puntos grises

En el marco del convenio que desarrollan el Archivo General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica se han adelantado unos pasos sobre los lineamientos que se tienen que dar para el manejo de la documentación que pasará a ser parte de la memoria histórica del conflicto, sin embargo, anotó John Francisco Cuervo Alonso (subdirector del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General), “también tenemos que entender cuál va a ser el volumen de información real, cuál es el alcance de todo lo que se vaya a almacenar; también tenemos que hacer ejercicios propios de determinar qué de esa información que entreguen realmente presta mérito”.

Añadió el funcionario que también es necesario establecer  cuál es la mejor forma de mantener esa información y a través de qué medios porque “en este momento la función de compilación la tiene el Centro de Memoria, pero tampoco tiene la función de decir ‘usted va en adelante a mantener esa información y a conservarla’, porque incluso la Ley de Víctimas es temporal y por tanto con una fecha de vencimiento”.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del Archivo General de la Nación, Laura Sánchez, explicó que la entidad viene trabajando con varias comunidades y grupos étnicos, ocho hasta el momento, capacitándolos para que ellos mismos creen archivos de sus comunidades, “pero además también les ayudamos a ubicar documentos que se encuentren en el Archivo General de la Nación, primero, y en otros archivos como los españoles para que ellos tengan acceso a información sobre sus comunidades”.

Sánchez añadió que en lo que tiene que ver con la construcción de la memoria histórica de que habla la Ley de Víctimas, el Archivo General de la Nación ha trabajado con el pueblo Awá “brindándoles información acerca del acopio de fuentes en donde ellos puedan encontrar elementos que les ayuden a mejorar sus condiciones y a solicitar adecuadamente el cumplimiento de sus derechos”.