La situación humanitaria en Colombia no ha cambiado significativamente con respecto al año pasado. Sin embargo, la realidad de violencia en que viven millones de personas en el país “convive con la esperanza de que este conflicto de medio siglo puede llegar a su fin”, según afirmó el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Jordi Raich.

Conscientes de que algún día el conflicto armado colombiano llegará a su fin, los miembros del Comité exhortan a las partes sentadas en la mesa de La Habana a “hacer acuerdos humanitarios que puedan tener un impacto sobre la vida y el día a día de las personas, sin esperar a ese acuerdo final. Las discusiones continúan, pero la realidad de la gente no cambia”, aseguró Raich.

Aunque aclaró que queda en manos de los negociadores qué iniciativas implementar, hizo referencia a la posibilidad de que se intercambie información que lleve a ahondar en la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos a causa del conflicto. También, como se ha debatido recientemente, de estudiar acuerdos previos sobre la limpieza de artefactos explosivos.

En efecto, el informe Colombia: situación humanitaria 2013, dado a conocer ayer por el organismo internacional, no revela cambios sustanciales con respecto al de 2012. El año pasado se reportaron 617 afectaciones contra la población, 263 menos que el año anterior, lo que para el jefe de la delegación “no significa necesariamente que la situación vaya mejor. Nosotros no somos estadistas de la violencia, ni tampoco pretendemos registrar todas y cada una de las afectaciones a la población civil”.

De las 25 zonas donde este organismo hace presencia, son 10 los departamentos que presentan la situación más crítica: Antioquia, Cauca, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle. Ahí, el CICR acompañó a 235mil víctimas de todos los actores armados.

Según el informe, la desaparición y el desplazamiento forzados son los hechos victimizantes más frecuentes; mientras que la violencia sexual es uno de los que más presenta subdenuncia. Así mismo, resaltaron que las problemáticas humanitarias no son ajenas a los centros urbanos, donde la desaparición forzada, las fronteras invisibles y el fuego cruzado entre bandas atemorizan a la población. Todo esto genera una consecuencia a la que se le da poca visibilidad: los desplazamientos intraurbanos.

En ciudades como Medellín, Buenaventura y Tumaco, donde los niveles de violencia armada generan severas consecuencias humanitarias, el diálogo del CICR con los portadores de armas para que respeten el DIH y el DIDH aún presenta algunos retos. En 2013, el CICR documentó 207 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y otras afectaciones contra la población en 39 cascos urbanos de 14 departamentos, incluyendo las tres ciudades y otros municipios donde no se registra, necesariamente, un fenómeno sistemático de violencia urbana.

Durante el último año, el CICR pudo constatar que la falta de acceso a la salud sigue siendo un grave problema para miles de colombianos que habitan en zonas de conflicto y violencia armada. Llevar a un herido o un enfermo a una instalación sanitaria puede tomar horas y esa distancia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A veces, llegar hasta el médico o la enfermera no es suficiente, pues no hay medicamentos o los equipos necesarios para atender a la víctima.

Aunque los miembros de la delegación se muestran esperanzados en un acuerdo de paz con las guerrillas, desde el informe presentado en 2012 han recalcado en las acciones violentas de las bandas criminales y la necesidad de atender a las víctimas de estas. “Somos muy conscientes de que además del conflicto hay una violencia generada por las denominadas bandas criminales, que causan consecuencias humanitarias similares a las que causa el conflicto armado”, aseguró Reich.

El informe presenta la situación de 2013 según diferentes materias relacionadas con la afectación a los derechos humanos.

Muertes y amenazas

 Quedar en medio del fuego cruzado o morir por sospechas de ser auxiliador de la contraparte son graves situaciones a las que sigue enfrentándose la población. Durante 2013, muchas personas que no estaban relacionadas con los enfrentamientos entre las partes en conflicto u otros actores de la violencia armada sufrieron ataques contra su vida, integridad y dignidad.

En las zonas más golpeadas por la violencia armada, el CICR documentó 56 muertes que tuvieron como víctima a la población y asistió a 609 personas amenazadas. Estos hechos van en contra del DIH y los derechos humanos.

Desplazamiento forzado

El CICR vio con preocupación la difícil situación de desplazamientos masivos (de más de 50 personas) en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Aunque en 2013 atendió 18 menos casos frente a 43 en 2012, esta disminución no implica que haya menos desplazamiento, sino que las autoridades a cargo han respondido directamente a la mayoría de emergencias de este tipo. Asimismo, los desplazamientos individuales se presentaron sobre todo en Cauca, Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo y Valle. En ambos casos -desplazamientos individuales y masivos- los lugares más afectados fueron similares a los de 2012.

“El desplazamiento no es una consecuencia humanitaria que viaja sola, es resultado de otra consecuencia humanitaria anterior. La gente no se desplaza por placer, detrás de esos millones de desplazados hay historias de por qué se desplazaron”, aseguró Raich.

Desaparición forzada

Este es uno de los hechos que menos se reportan, por miedo a las consecuencias que pueda acarrear la denuncia. En Colombia, 67mil personas siguen oficialmente desaparecidas, y 464 fueron reportadas en 2013.

Para el CICR, este tema será clave en un eventual posconflicto: “en muchos acuerdos de paz se incluyen cláusulas para resolver la problemática de la desaparición. Una vez concluye el conflicto las partes intercambian información para conocer qué pasó con las personas que desaparecieron a causa de la guerra. Es crucial trabajar desde ahora para que, si un día llega ese acuerdo, estemos listos”.

De manera preliminar, el CICR encontró que el apoyo que necesitan los familiares es tanto material como psicosocial. La primera necesidad es saber qué pasó con sus seres queridos. Le siguen recibir un trato digno de los funcionarios con quienes interactúan y contar con opciones laborales y académicas para superar la precariedad que ocasiona la desaparición de un familiar.

Destrucción y ocupación de bienes civiles

Esta es otra de las grandes causas del desplazamiento. El CICR documentó 100 casos de ocupación, saqueo o destrucción de bienes de la población civil. Entre otros, se presentaron casos de viviendas destruidas durante ataques dirigidos contra instalaciones consideradas objetivos militares, así como daños a puestos de salud y escuelas ocupadas por una de las partes. Si bien en 2012 fueron 193 los hechos registrados, la cifra de 2013 sigue siendo alarmante.

Obstáculos a la misión médica

El aumento de las amenazas y los ataques contra la Misión Médica (personal, infraestructura y transporte sanitarios) fue alarmante en 2013, según el informe. El CICR documentó un total de 255 hechos que obstaculizaron las actividades de salud. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño y Norte de Santander. En 2012 se habían registrado 88 casos.

Las razones del aumento fueron, entre otras, la acción de actores armados y bloqueos de vías que tuvieron lugar en una docena de departamentos en un lapso de siete meses. Las amenazas contra el personal de salud, la restricción del paso de vehículos sanitarios, el robo de elementos como insumos médicos y los ataques físicos fueron los hechos más frecuentes.

Contaminación por armas

En todas las zonas donde el CICR hace presencia encontraron esta problemática que incluye no solo a las minas antipersona, sino también los restos explosivos que resultan de los enfrentamientos armados. Un hecho particular es que estas se han registrado en zonas de restitución de tierras a víctimas del conflicto. Este es otro tema que el CICR considera importante para el posconflicto.

El CICR ha ampliado la prevención a zonas urbanas, donde peligros como las armas pequeñas y ligeras y los artefactos explosivos afectan a la población. Además de las lesiones físicas propias del accidente, la contaminación por armas tiene otras consecuencias humanitarias. Las comunidades se desplazan o quedan confinadas, hay temor, deserción escolar y dificultad para acceder a los servicios de salud. También restringen el acceso de las personas a sus cultivos y, por ende, disminuyen sus ingresos.

Violencia sexual

Con la desaparición, es uno de los hechos victimizantes menos mencionados, por lo que, según Raich, “es muy difícil saber la dimensión del problema”. Además, el jefe de la delegación colombiana alerta sobre un problema que rodea estos casos: “a muchas víctimas que deciden buscar ayuda todavía se les exige con demasiada frecuencia una denuncia, algo que no es necesario para obtener asistencia”. Durante 2013, un total de 147 víctimas de violencia sexual recibieron del CICR apoyo médico, psicológico y económico, así como orientación para recibir atención estatal.