El gobierno de Marruecos prometió una "nueva política migratoria" tras las recientes agresiones a inmigrantes ilegales provenientes del África subsahariana y las denuncias de varias ONG.

Siguiendo las recomendaciones de un informe del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -un organismo oficial- los ministerios del Interior, de Justicia y de Relaciones Exteriores anunciaron nuevas regularizaciones, una reforma del marco jurídico y medidas de protección para los inmigrantes ilegales.

El gobierno se compromete a "dotar al reino de un sistema de gestión conforme a las normas internacionales" en materia de asilo, según el comunicado común de los tres ministerios, que anuncia regularizaciones "caso por caso y según criterios precisos".

En materia de asilo se pondrá en marcha un proceso de reforma del marco jurídico para responder a las normas internacionales.

Los tres ministerios rechazan las acusaciones de violencia sistemática contra los inmigrantes durante los procesos de expulsión y aseguran haber dado "instrucciones" para proteger "los derechos y la dignidad" de los clandestinos.

Varios informes recientes de ONG y algunos casos como el del asesinato de un senegalés el mes pasado en Rabat han puesto de relieve la violencia contra los inmigrantes en Marruecos, que se está convirtiendo en un país no sólo de tránsito sino también de acogida.

Cerca de 20.000 inmigrantes clandestinos están en suelo marroquí, según las asociaciones.

Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció en marzo pasado un "importante agravamiento" de la violencia contra los ilegales, muchos de los cuales intentan llegar a España.

Por su parte el CNDH denunció en su informe las numerosas violaciones de los derechos de los inmigrantes en las campañas para expulsarlos hacia la frontera con Argelia y Mauritania.

Sin embargo un alto responsable del ministerio del Interior, Jalid Zeruali, dijo recientemente a la AFP que esta "estrategia de seguridad" sólo va dirigida contra las "redes criminales".

Entre las medidas anunciadas el miércoles está el refuerzo del dispositivo jurídico contra el tráfico y la trata de personas, que entrarán en vigor "lo antes posible", según el gobierno.

Una "preocupación legítima", según el rey

Frente a las críticas, el rey Mohamed VI salió al paso de las críticas el lunes y pidió una gestión "humanitaria" de la cuestión migratoria, reconociendo que se trata de una "preocupación legítima".

El martes, en una reunión en Casablanca con el jefe del gobierno Abdelilah Benkiran, el monarca pidió "la elaboración y la puesta en marcha sin demora de una estrategia y un plan de acción adecuados", indicó un comunicado de palacio difundido por la agencia oficial Map.

La cuestión migratoria es crucial para la imagen del país, que en los últimos años está llevando a cabo una intensa campaña diplomática para reforzar sus relaciones con los países del África subsahariana.

Marruecos también quiere reforzar su presencia económica en el continente y busca además apoyos políticos en la cuestión del Sáhara Occidental, una excolonia española bajo su control pero que reivindican los independentistas del Frente Polisario, con el apoyo de Argelia.

El embajador de la Unión Europea, con quien Marruecos tiene relaciones privilegiadas, Rupert Joy, dijo esta semana estar "muy satisfecho" del informe del CNDH, que servirá para poner en marcha "una "política migratoria más justa y eficaz".

El gobierno marroquí pidió en su comunicado que Bruselas asuma sus responsabilidades y pidió a los países vecinos que adopten "una actitud más responsable".

Aunque las fronteras con Argelia están cerradas desde hace casi 20 años, Marruecos asegura que la mayoría de inmigrantes clandestinos provienen de ese país.