La Procuraduría interpuso ante el juez quinto Administrativo de Barranquilla, Atlántico, acción popular para solicitar que se tutelen los derechos colectivos de la población de Malambo, sus corregimientos y veredas, en el mismo departamento, vulnerados por la contaminación de agua debido a la presencia de plomo en pozo de agua de la vereda la Bonga, contaminación producida por las empresas metalurgias en dicho municipio.

El Ministerio Público solicitó que se ordene al municipio de Malambo, adelantar las  acciones policivas y administrativas pertinentes para que cesen la exposición de la comunidad a los efectos nocivos del plomo, material altamente contaminante y pesado, generado por parte de las empresas Reciclal - Adriana Ortiz Saenz E.U., Metales Recuperados del Caribe (Metcaribe SA), Fundidora J&G y Recuperadora Hermanos Herto Reciclal, ubicadas en el citado municipio por no contar con la debida autorización para uso del suelo en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

De igual forma, la Procuraduría, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, pidió que se le ordene a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) tomar las medidas pertinentes para que garanticen de manera eficaz y definitiva la protección del ambiente afectado por las actividades de la fundición de plomo en Malambo.

El ente de control ha actuado en ejercicio del control preventivo y de gestión establecido en el artículo 277 de la Constitución y los artículos 23 y 24 del decreto 262 de 2000.