Una evaluación a la política pública de los Planes Departamentales de Agua harán mañana en la Cámara de Representantes a través de un debate de control político citado por los representantes Hernán Penagos y Albeiro Vanegas, quienes desean conocer si esos Planes realmente han mejorado el cubrimiento de agua potable en la población del país, ya que según el DANE cuatro millones de colombianos no cuentan con el servicio.

El representante del Partido de La U Hernán Penagos le explicó a este Diario que lo que buscan con la citación de mañana es “revisar si el fondo de inversión del agua y las fiducias creadas alrededor de los Planes Departamentales de Agua están cumpliendo con todas sus obligaciones”.

El Representante agregó que durante el debate también analizarán los costos de administración que están teniendo las fiducias y cómo han sido utilizados los recursos que están desde hace dos o tres años en éstas y recalcó que uno de los puntos más importantes para analizar es ver en qué punto va la aprobación de los diferentes proyectos en materia de estudios y diseños, así como conocer el estado real de la ejecución económica que se ha hecho en los municipios del país.

Pero la reunión de mañana, a la que están invitados los ministros de Vivienda y Hacienda Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Echeverry, además gobernadores y representantes de entidades como Findeter, Acodal y Andesco, no se quedará solamente en el plano de la evaluación de la política, allí también expondrán tres preocupaciones que aquejan a los congresistas.

La primera está relacionada con la falta de claridad frente a los recursos que destinan para subsidiar a los estratos más pobres del país e investigar si realmente se están girando completos los recursos para el fondo de solidaridad y de distribución de ingresos.

En segundo lugar, las vigencias futuras que han comprometido algunas poblaciones, que llegan hasta el 2019 o 2020, pues a algunos legisladores les preocupa que el endeudamiento afecte la capacidad de pago del municipio o el cupo de posibilidades fiscales y económicas de los mismos.

La debilidad en la formulación de los proyectos a ejecutar en los municipios es la tercera inquietud. Según los congresistas, estás falencias en las iniciativas han provocado demora en la aprobación de las mismas, lo que ha retrasado el paso a la fase de ejecución; en este punto le propondrán al Gobierno que les colabore a los municipios a través de la ayuda técnica necesaria para presentar un proyecto tal y como lo exige la ventanilla única.

¿Privatización?

Desde el principio el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo ha dicho que “los Planes Departamentales de Agua les están imponiendo a la brava a los acueductos municipales y veredales agruparse en grandes empresas, por lo que se convierten en plataforma para la privatización y los negocios del capital financiero”.

Al respecto, el representante Penagos dijo que no ha tenido referencias específicas sobre el tema, pero sí hace una crítica a que el objetivo de los Planes Departamentales de Agua era buscar economías de escala y esquemas regionales, pero para él “no ha habido mucha regionalización de los servicios públicos que han generado deficiencias y costos administrativos altos que en últimas no terminan siendo un favor para la prestación y las tarifas finales de los servicios públicos”.

Los Planes Departamentales de Agua nacieron como un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, institucional, técnico y financiero que, bajo la coordinación de los Departamentos, permitieran la adecuada planificación, armonización integral de los recursos e implementación de esquemas regionales eficientes en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, orientados al cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico.

Sin embargo, esta política original del Gobierno de Álvaro Uribe fue reemplazada el año pasado por el programa Agua para la Prosperidad, que, según el Gobierno, serían unas estructuras más livianas, descentralizadas y ágiles para promover la participación del sector privado no solo en la construcción de la infraestructura sino también en la operación de los sistemas.