Durante la reunión ayer de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunales, encabezada por el Ministerio del Interior, las plataformas de derechos humanos y paz eligieron al jurista Gustavo Gallón Giraldo como representante de la sociedad civil ante la Comisión Asesora de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.

Dicha Comisión fue creada por la Ley 1621 de 2013, más conocida como la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Su objeto será producir un informe en el que se formulen recomendaciones al Gobierno nacional sobre los criterios de permanencia, los criterios de retiro, y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados.

Para ello la Comisión tendrá en cuenta la seguridad nacional; los derechos fundamentales de los ciudadanos al buen nombre, la honra y el debido proceso; el deber de garantizar la preservación de la memoria histórica de la Nación; la protección de la información de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, y de las fuentes, medios y métodos; la ley de archivos; las prácticas internacionales sobre depuración de datos y archivos de inteligencia. La Comisión podrá solicitar asesoría técnica externa para el cumplimiento de su función, y entregar informes parciales antes del vencimiento de su mandato establecido en dos años.

Este organismo es presidido por el procurador general de la Nación y está integrado por una persona delegada por el Presidente de la República; un miembro del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o quien haga sus veces; un integrante de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia; un representante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia; un académico nacional o internacional experto en temas de inteligencia; un representante de la sociedad civil; y un delegado de la Defensoría del Pueblo.