Un llamado para que en la política de legalización sobre minería se tenga presente el criterio de seguridad y se adelanten todos los esfuerzos estatales contra la extracción ilícita de minerales hizo la Procuraduría, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas y las equivocaciones de los procesos anteriores para superarlas y no repetirlas. 

De acuerdo con el Ministerio Público “los procesos de legalización que ha adelantado el Estado hasta la fecha han resultado poco exitosos, lo que podría atribuirse, en parte, al establecimiento de condiciones y requisitos de difícil cumplimiento, además de que no reflejaron integralmente la realidad de la actividad minera tradicional en el contexto de cada región”.

Así mismo, en una comunicación dirigida al ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez Jaramillo, el Ministerio Público a través del Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías, planteó cuatro consecuencias concretas que podrían derivarse de los rechazos de solicitudes de legalización.

Por ejemplo, indicó la Procuraduría, “es claro que un proceso fallido de legalización conlleva a que las actividades mineras continúen sin control por parte del Estado. En muchos casos, la ausencia de unas reglas claras para quienes desean legalizar su actividad y la falta de políticas acordes con la realidad que se vive en las zonas de explotación generan un conflicto social. La minería ilegal causa tragedias que cobran vidas humanas y causan un impacto ambiental como los recientes casos registrados en Amagá (Antioquia) y Riosucio (Caldas)”.

Manifestó también que “como consecuencia de la explotación de este recurso natural no renovable el Estado no percibe los recursos de regalías que le corresponden como contraprestación, circunstancia que resulta contraria al deber estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.

Enfatizó en que “por tratarse de una actividad ilegal que no es objeto de fiscalización, no existe un control ambiental ni una autoridad que haga seguimiento a esta labor que se realiza con malas prácticas ambientales que causan un grave deterioro al medio ambiente”.