Los falsos positivos vuelven a debate al Congreso | El Nuevo Siglo
Martes, 14 de Octubre de 2014

Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

 

Nuevamente el Congreso de la República se ocupará del tema de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. La novedad en esta oportunidad es que el Polo Democrático, Partido citante, asegura que entregará pruebas de que este fenómeno también se presentó en el primer gobierno del presidente Santos.

El debate de control político está programado para mañana en la plenaria de la Cámara de Representantes, dando cumplimiento a la proposición en este sentido No.007, aprobada el 22 de julio pasado. Están citados los ministros de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón; y el de Justicia y el Derecho, Yesid Reyes. De igual forma están invitados el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, quien convocó este debate, le dijo al respecto a EL NUEVO SIGLO que “lo que vamos a hacer es un debate para mostrar un poco lo que ha ocurrido con los falsos positivos en Colombia, cuál es el estado actual de las investigaciones tanto penales como disciplinarias, demostrar que los falsos positivos no han parado, que se siguen cometiendo durante este Gobierno. Es decir, que ahí vamos a mostrar los falsos positivos de los dos gobiernos de Uribe y el primer gobierno de Santos. Vamos a mostrar las cifras. Vamos a demostrar también cómo no se ha avanzado suficientemente en las investigaciones disciplinarias en las investigaciones penales”.

El Parlamentario, quien antes de llegar al Congreso se desempeñó en calidad de abogado como defensor de los derechos humanos, dijo que también se demostrará en la plenaria de la Cámara como, según él, “ha jugado la formación que ha dado los Estados Unidos a miembros del Ejército Nacional y cómo muchos de los que ejercieron cargos operacionales habían sido formados en escuelas de ese país”.

El Parlamentario dijo que el principal objetivo del debate es mostrar la necesidad de que se tomen medidas, se mantenga la investigación y juzgamiento de estos hechos en la justicia ordinaria y “se le explique al país también por qué se siguen cometiendo estos casos en la actualidad”.

Los citantes al debate le enviaron un cuestionario al Ministro de la Defensa Nacional en donde le solicitan información sobre los casos de este tipo que se encuentran en manos de la Justicia Penal Militar, también le preguntan, según el Polo, por qué muchos de estos casos se mantienen allí y por qué no se han tomado medidas definitivas para no que no continúen los falsos positivos.

En este sentido, el parlamentario Uribe Muñoz dijo que en la primera administración del presidente Santos se habrían registrado aproximadamente 270 casos de falsos positivos.

También llamó la atención por las consecuencias que se podrían dar sobre las investigaciones de falsos positivos para que sigan en la justicia ordinaria, a raíz de varios proyectos de ley que cursan en el Congreso presentados por el Gobierno nacional. “El Gobierno tiene en este momento en curso una reforma legal, que es el proyecto de ley No. 085 y también acaba de presentar una nueva reforma constitucional”.

 

El Gobierno

Tras el escándalo por los llamados falsos positivos durante el gobierno Uribe, fenómeno por el cual la Fiscalía ha investigado a más de 4 mil militares, la administración Santos ha manifestado su intención de que se investiguen y castiguen estos hechos, por considerar que no hacen parte del servicio, y ha negado que se hayan producido nuevos hechos.

En ese sentido en la reforma que fortalecía el Fuero Penal Militar, pero que se cayó el año anterior en la Corte Constitucional por vicios en su trámite en el Congreso, se establecía una lista de siete conductas que si fueran cometidas por uniformados no serían conocidas por la justicia castrense sino por la ordinaria: crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.